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Destituyen por 11 años a exsubdirectora de contratación de Mineducacion de Gobierno Santos

La Procuraduría encontró que los objetos contractuales no eran viables y que además se produjo un impacto negativo del proyecto

Procuraduría pide que pruebas en expediente de la Corte Suprema contra Jesús Santrich sean trasladas a la JEP. Foto: Colprensa

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad a la exsubdirectora de Contratación del Ministerio de Educación Nacional, Dunia Semmir Montañez Jiménez, por irregularidades presentadas en las licitaciones para el mejoramiento de la infraestructura de sedes educativas oficiales en 25 departamentos del país.

El órgano de control estableció que la exfuncionaria desconoció el principio de planeación, al adelantar las licitaciones LP MEN 20-2012, LP MEN 21-2012, LP MEN 22-2012, LP MEN 23-2012, LP MEN 24-2012, LP MEN 25-2012, y LP MEN 26-2012, por cerca de 160.000 millones de pesos, con estudios incompletos e insuficientes frente a las condiciones reales de cada institución educativa.

La Procuraduría encontró que los objetos contractuales no eran viables y que además se produjo un impacto negativo del proyecto, toda vez que se retrasó el inicio de las obras por circunstancias que eran previsibles con anterioridad al trámite de los procesos de selección, desde los estudios previos. 

“Se demostró con los elementos de juicio las especificaciones técnicas contenidas en los estudios y diseños soporte de las referidas licitaciones públicas fueron iguales para todas las instituciones educativas, es decir; no se tuvieron en cuenta las necesidades específicas de cada colegio, para determinar con exactitud la intervención que debía realizarse en cada institución educativa”. 

En fallo de primera instancia, el órgano de control calificó la falta de la disciplinada como gravísima, a título de culpa gravísima

En la misma decisión, la Procuraduría absolvió a la exsecretaria General del Ministerio de Educación, Natalia Alexandra Riveros Castillo, al encontrar que la investigada no era la ordenadora del gasto en los procesos de contratación investigados

Contra esta decisión procede recurso de apelación.