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Duque radicó paquete anticorrupción en el Congreso

Son siete proyectos de ley y uno de acto legislativo que fueron radicados junto con la Mesa Técnica Anticorrupción.

Duque radicó paquete anticorrupción en el Congreso. Foto: Colprensa

El presidente Iván Duque, acompañado de los miembros de la Mesa Técnica Anticorrupción, radicó este martes el primer paquete de proyectos de ley que buscan luchar contra la corrupción en el país

El mandatario resaltó la importancia del trabajo de la mesa técnica, que reunió a representantes de varios partidos, pues "estamos comprometidos en derrotar el cáncer de la corrupción, que ha sido un flagelo que ha golpeado a Colombia en todos los niveles". 

Uno de los textos presentados ante el Congreso es el proyecto de acto legislativo que establece en 25 salarios mínimos el tope para el salario de los congresistas y altos funcionarios del estado, exceptuando al "presidente, vicepresidente, cuerpo diplomático, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta". 

Este está acompañado de un proyecto de ley que "desvincula el régimen salarial y prestacional de servidores públicos del de los congresistas". 

Las iniciativas también contemplan crear "audiencias adelantadas por el Congreso, asambleas o concejos, para que los ciudadanos conozcan el presupuesto", establecer "mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de la JAL". 

Igualmente, se contempla la creación de "un informe anualizado sobre la gestión del contratista el cual debe ser público y socializado por el congresista en una audiencia". 

Otro de los puntos importantes que plantean estas iniciativas es hacer pública "la declaración juramentada de bienes y patrimonio, el registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto sobre la renta" de los funcionarios. 

También se modifica el régimen de conflicto de intereses, se regulan las inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública y se establece la inhabilidad para contratar para quienes hayan sido condenados, incluso las sociedades de las que ellos sean representantes.

Otro de los proyectos fortalece "las reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública", al eliminar la reclusión domiciliaria, la libertad condicional y establecer reglas para el reintegro de los bienes.