• Actualizado 01 Dic 2021 06:54

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El Gobierno le ha incumplido a los niños wayúu: procurador Fernando Carrillo

En una carta dirigida a la Corte Constitucional, indicó que no se debe otorgar más plazos al Gobierno para que cumpla la sentencia que ordenó proteger los derechos de los niños.

El Gobierno les ha incumplido a los niños wayúu: procurador Fernando Carrillo. Foto: Colprensa - Camila Díaz

El Gobierno les ha incumplido a los niños wayúu: procurador Fernando Carrillo. Foto: Colprensa - Camila Díaz(Thot)

El jefe del ministerio público acusó al Gobierno de incumplir la sentencia de ese alto tribunal que en 2017 ordenó garantizar alimentación, agua potable y acceso a la salud a los niños Wayúu así como otros de sus derechos fundamentales.

Según el documento, luego de tres años de proferido el fallo no hay avances reales en su ejecución, solamente reuniones para definir indicadores, lo cual ha llevado a que la Procuraduría Regional de la Guajira interpusiera 16 tutelas entre marzo y septiembre de 2020 por continua vulneración a los derechos de los menores.

"Los resultados de los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, así como los derivados de las consultas realizadas en diciembre de 2019 no pueden ser aceptados, pues reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de notificada la sentencia. Mientras las consecuencias de estos intentos se miden en pérdidas de vidas humanas de los niños wayúu" indica el documento.

Además, para denunciar la situación que afrontan los niños en el departamento, acudieron a cifras del Instituto Nacional de Salud, quien señaló que, a corte de septiembre de este año, 30 infantes menores de 5 años murieron por desnutrición en La Guajira. Asimismo, alertaron sobre presuntos sobrecostos en los contratos de suministro de agua a la comunidad en Uribia.

La carta tuvo como fin rechazar de plano la solicitud de extensión del plazo de cumplimiento por parte del gobierno quien argumenta entre otras cosas, que por cuenta de la pandemia han frenado los trabajos de ejecución de la sentencia. Según el ministerio público, desde diciembre del 2019 no hubo ningún avance hasta marzo del 2020 fecha en la que inició la emergencia sanitaria.

Expertos consultados como el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán, indicaron que no hay excusa para que el gobierno incumpla el fallo y que al no hacerlo las entidades accionadas pueden ser sujetas de un incidente de desacato por parte del Tribunal Superior de Riohacha, juez de tutela a cargo del seguimiento al fallo, que puede derivar en arrestos o multas sucesivas a sus funcionarios.

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