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La CGT denunció amenazas de muerte en contra de cinco líderes sindicales

El movimiento sindical hizo un llamado urgente a todas las autoridades y al Gobierno para que brinden protección cuanto antes a los líderes.

Amenazas de muerte contra líderes sindicales / imagen de referencia. Foto: Colprensa

La Confederación General del Trabajo, CGT, este miércoles denunció que por adelantar actividades en defensa de los derechos humanos y la restitución de tierras, cinco líderes sindicales y sociales de varias regiones del país fueron amenazados de muerte por grupos armados irregulares.

Según el sindicato, en el municipio El Retén, departamento del Magdalena, un grupo paramilitar profirió amenazas de muerte contra Javier Vidal y Yomaira Maldonado, fundadores de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino y líderes de la Organización Asierras, desde donde adelantan campañas en favor de la restitución de tierra y la instalación de una mesa de víctimas para la defensa de los derechos humanos.

También se confirmó que lamentablemente, otro dirigente social y campesino de Algeciras, Huila, se vio obligado a abandonar la ciudad junto con su familia ante el acoso y amenazas de muerte por parte de un grupo armado ilegal que ya ha asesinado a varios dirigentes en esta misma región. Se trata del dirigente sindical, Carlos Garzón, en este caso, la CGT, aseguró que por este tipo de amenazas, 150 familias fueron desplazadas de su región.

Seguido a esto, el movimiento sindical aseguró que en los recientes días se conocieron nuevas amenazas de muerte contra José Wazorna, líder de la comunidad indígena Embera Chami, de Mistrató, Risaralda; de igual forma  en la capital del país, Luz Nallys Santana, líder de la Organización Ancéstrica Afrocolombiana, OANAC, denunció que desde hace varias semanas está recibiendo amenazas de muerte y acoso por parte de un grupo armado paramilitar.

Ante el escenario, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación General del Trabajo, hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección, al Gobierno Nacional, gobiernos regionales y demás autoridades para que brinden las medidas de protección necesarias, de forma inmediata contra los líderes sociales amenazados ante el inminente peligro que corren sus vidas y las de sus familiares.

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