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La JEP aceptó a mayor (r) procesado por tres presuntos falsos positivos en Tolima

Una de las víctimas del cuestionado combate que produjo la investigación era menor de edad en el momento en que ocurrieron los hechos.

JEP aceptó a mayor (r) procesado por tres presuntos falsos positivos en Tolima. Foto: Colprensa

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento del mayor (r) del Ejército Arcesio Sánchez por la presunta ejecución extrajudicial de tres jóvenes en zona rural del municipio de Planadas en el Tolima. De acuerdo con la investigación, el supuesto combate donde Enrique Avilés, Jhonatan Agudelo y Melquisedec Ocampo murieron y fueron presentados como guerrilleros de las Farc tiene serios cuestionamientos.

Según la Fiscalía y los relatos de familiares de las víctimas, por ejemplo, el menor Melquisedec Ocampo incluso era informante del Ejército junto a su madre, lo cual riñe con una supuesta condición de guerrillero activo.

Previo a su ejecución fueron contactados por dos civiles de nombre Jesús Leal (se hacía llamar Jean Carlos) y Faiber Prieto, quienes presuntamente los llevaron al lugar donde finalmente fueron asesinados con tiros en la espalda. 

"Eran como las ocho de la noche del día sábado cuando yo le timbré y me contestó: mami tranquila que aquí estoy. Ahí sentí que le quitaron el celular, esas fueron las últimas palabras", señaló la madre de Melquisedec Ocampo.

Debido a la angustia, la mujer contactó a un Mayor de apellido Hernández, quien le indicó que posiblemente se habían quedado sin señal.

En su decisión la JEP señaló que aparte del informe presentado por Sánchez y sus hombres donde describían el presunto combate no existen más pruebas que corroboren esa versión, en cambio la manera en la que murieron los tres jóvenes dejó muchas dudas.

"...aunque los militares sostuvieron que pertenecían a las Farc, que se encontraban en la zona con material de guerra y que atacaron a la patrulla militar tales afirmaciones aún no cuentan con respaldo de ningún elemento probatorio", indicó la jurisdicción.

El tribunal le otorgó al militar retirado un término de diez días para que informe si aceptará su responsabilidad por las supuestas ejecuciones extrajudiciales o qué camino adoptará y a su vez para que ajuste su plan de aporte a la verdad porque a juicio del tribunal aún no cumple con los estándares establecidos.

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