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Movistar y Tigo advierten demanda contra el Estado por aceptar renuncia de Partners

Los presidentes de las operadoras hablaron en La W sobre los problemas alrededor de la subasta por el espectro radioeléctrico y los incumplimientos del Gobierno.

No es solo una subasta, es la imagen que le damos a los inversionistas extranjeros: Marcelo Cataldo, presidente de Tigo. Foto: Colprensa y Tigo

Los operadores Movistar y Tigo advierten que la decisión del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de aceptarle la renuncia a Partners en un bloque del espectro desconoce la advertencia de la Procuraduría General de la Nación y sienta un precedente de inseguridad jurídica, pues no se están respetando las reglas iniciales y esto afecta la inversión extranjera. Aunque la cartera de las TIC le ordenó a Partners entregar 42.000 millones de pesos, los participantes esperaban que la compañía cumpliera con el valor que ofertó en la subasta.

En diálogo con La W, el presidente de Movistar, Fabián Hernández, explicó el por qué la decisión del Ministerio de las TIC es un “antecedente perverso” para Colombia.

“Esta decisión la recibimos con mucha sorpresa porque representa un cambio sustancial en la reglas de competencia, un cambio sustancial en las reglas básicas de certeza jurídica, un cambio que pone en duda o afecta gravemente los niveles de inversión de los operadores”, manifestó Hernández.

Así, Hernández trazó un panorama sobre cómo la propuesta de Partners afectó a los otros operadores:

“No hay duda de que la oferta de Partners afectó toda la dinámica de la subasta. Por ejemplo, en la banda de 700 generó un impacto grandísimo y luego, para poder ofertar en la banda de 2.5, se bloqueó totalmente porque ellos pusieron un precio 10 veces  superior el precio base. Es decir, ellos ofertaron 1,7 billones de pesos, lo que  hizo que ningún operador pudiera igualar una oferta de esa naturaleza. Ni siquiera Claro pudo llegar a ese precio”.

Luego de argumentar por qué el Ministerio se equivocó, Hernández advirtió que se avecina un proceso legal en contra de estas actuaciones: “Más que  demandar al Estado Colombiano, vamos a hacer un proceso en contra de los actos administrativos del Ministerio TIC, porque aunque nosotros somos un tercero que participamos en la subasta, el Ministerio lo desconoce. Es evidente que hubo un cambio de reglas ilegal, por eso habrá acciones legales para restablecer los intereses perjudicados”.

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TIGO TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Adicionalmente, el presidente de Tigo, Marcelo Cataldo, afirmó que es absurdo que el Ministerio TIC resuelva en 10 días el caso de Partners, mientras que los procesos administrativos que adelanta Tigo ya llevan varios años sin ser resueltos. Como ejemplo, rescata el tema de la dominancia y la millonaria deuda de Avantel.

“La decisión del Ministerio representa un detrimento para el Estado de una oferta de 1.7 billones a pagar una garantía de solo de 42.000 millones, es decir, tan solo el 2.5% del valor ofertado. Es triste que la subasta del país en los últimos siete años termine empañada por una mala actuación del Ministerio”, dijo Cataldo.

Cataldo explica que también habrá una afectación en las inversiones extranjeras: “La puerta que hoy abre el Mintic pone en entredicho no solo esta subasta, sino cualquier subasta de espectro futura que se vaya a realizar en el país.  El impacto de esta decisión, más allá de los COP$1,7 billones que dejará de recibir el Estado o de la póliza que cobrará el Mintic por COP$42 mil millones, afectará la inversión local y extranjera en el sector durante años, e incluso la seriedad de los procesos de adjudicación de contratación pública”.

Cataldo, al igual que Movistar, advierte que se aproximan acciones: “Colombia es un Estado social de derecho, con instituciones fuertes y con firmes tradiciones democráticas. Acudiremos a todas las instancias necesarias para defender el debido proceso y la institucionalidad de la subasta. Por tanto, Tigo se encuentra analizando las acciones y recursos legales que correspondan, para amparar sus derechos bajo la legislación colombiana”.

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