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Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años a exdirector de Cardique

La decisión procede por irregularidades en contratos de más de 24.000 millones de pesos.

La Procuraduría destituyó e inhabilitó a estos dos funcionarios por 18 y 16 años, respectivamente. Foto: Colprensa

La W conoció en primicia un fallo histórico de la Procuraduría General de la Nación en contra de dos ex funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Dique en Cartagena: Olaff Puello Castillo, director general y Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique.

La Procuraduría destituyó e inhabilitó a estos dos funcionarios por 18 y 16 años, respectivamente, por irregularidades en la contratación de trabajos para retirar sedimentos y vegetación del cauce de caños, canales, arroyos y reservorios, por más de $24.270 millones de pesos.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría estableció que hubo fraccionamiento en la firma de los contratos, pues fueron firmados 135 mediante la modalidad de selección abreviada con el mismo objeto y actividades a ejecutar. Esto, sin tener en cuenta que, a través de un proceso de licitación pública, se habría podido desarrollar con austeridad, eficiencia, transparencia y responsabilidad la escogencia de uno o varios contratistas.

Según el Ministerio Público, la señora Martelo, que contaba con más de 14 años de experiencia como servidora pública, tenía conocimiento sobre la firma de múltiples documentos que, en vigencias anteriores, habían adelantado cientos de procesos con un mismo objeto contractual. En este se realizaban las mismas actividades, se establecían las mismas reglas, requisitos y condiciones y dentro de los cuales los proponentes y adjudicatarios siempre eran los mismos.

A pesar de saber esto, se adelantaron estos 135 procesos de selección abreviada de menor cuantía a lo largo de nueve meses, teniendo como protagonistas a la misma red de contratistas.

Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que los investigados vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva, economía, planeación y responsabilidad, y calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Para el órgano de control, las irregularidades presentadas en los procesos de selección ocasionaron el incumplimiento de los fines de la contratación estatal, pues la entidad “no estableció ni solicitó a través de sus funcionarios evidencias suficientes del desarrollo, avance y finalización de las obras”. Esto impidió conocer en forma debida, cuáles fueron los resultados de la ‘relimpia’, las mejoras ambientales presentadas en cada uno de los puntos intervenidos.

Éste sin duda es uno de los golpes más fuertes que se ha dado en contra de las mafias que se han apoderado de las corporaciones autónomas regionales en Colombia y que para nadie en un secreto manejaría el ‘Turco’ Hisalca en esta zona del país.