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Senador Benedetti recusó a la magistrada Cristina Lombana

El político es investigado porque al parecer habría impulsado desde el Congreso un mico en la ley 1539 de 2012, del certificado de aptitud psicofísica para el porte de armas.

Senador Benedetti recusó a la Magistrada Cristina Lombana . Foto: Colprensa

Otra vez la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema fue recusada, esta vez por parte del senador Armando Benedetti, en el marco de la investigación que le adelantan  porque al parecer habría impulsado desde el Congreso, un ‘mico’ en la ley  1539 de 2012, Ley  del certificado de aptitud  psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, documento que deben tramitar los vigilantes del país y que lo beneficiaría económicamente.

El argumento de la defensa del senador establece que la togada ha ordenado en 3 semanas cerca de 14 actuaciones en contra del político, cuando en promedio un Magistrado ordena 2 acciones procesales al mes.

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También argumenta que la ideología del senador es de izquierda, por lo cual se siente perseguido por una Magistrada militar con ideología de derecha.  

La investigación se adelanta tras una denuncia presentada por el abogado Jaime Lombana, quien denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia que el senador fue el autor de la ley  1539 de 2012, Ley  del certificado de aptitud  psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, que obliga entre otros, a cada guardia o vigilante de Colombia a contar con el mencionado examen; contrato que se realiza entre la Administradora de Riesgos Laborales con empresa especializadas que tengan licencia ISO/IS 1702:2003.

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"Encuentro que solo dos empresas en el país tienen esa licencia, lo que les genera millonarias ganancias, en desmedro al final del salario del vigilante, pero además específicamente una de ellas, tiene estrecha relación política y económica con el senador, como que sus accionistas y familiares son representantes a la Cámara del grupo político de Benedetti, y para ser más directo, su fórmula electoral en Bogotá.  Lo que materializaría una vez más un acto de  corrupción pública.