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SuperSociedades ordenó la liquidación de operador del SITP

La empresa de la que se trata es Transporte Zonal Integrado S.A.S., que opera en el sur de Bogotá.

SuperSociedades ordenó la liquidación de operador del SITP. Foto: Colprensa

La Superintendencia de Sociedades, frente a la situación de Transporte Zonal Integrado S.A.S. (“Tranzit S.A.S.”), informó que:

 

1.    Que dentro de sus competencias se encuentran las funciones jurisdiccionales de que trata la Ley 1116 de 2006, la cual tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.

 

2.    Que los procesos de reorganización pretenden preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

 

3.    Que los procesos de liquidación persiguen la realización pronta y ordenada de los activos, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.

 

4.    Que el 13 de marzo de 2017, Tranzit S.A.S., mediante Auto 400-005940, fue admitido a un proceso de reorganización.

 

5.    Que dentro del procedimiento la sociedad Tranzit S.A.S., debía presentar el acuerdo de reorganización y, al no ser presentado, la sociedad ha entrado en proceso de liquidación conforme se ha señalado en el Auto 400-005399, notificado el 28 de junio de 2019, tal como lo dispone la ley.

 

6.    Que en procura de garantizar la continuidad del servicio de transporte y evitar la afectación de los usuarios, el Juez del Concurso de la Superintendencia de Sociedades adoptó la medida cautelar de suspensión de efectos de la apertura de proceso de liquidación sobre el contrato de concesión con Transmilenio S.A., con lo cual Tranzit S.A.S. podrá continuar operando por un plazo adicional en el cual, los competentes tendrán la oportunidad de definir la manera en que se garantizará la prestación del servicio público y consecuentemente la no afectación de los usuarios.