Supertransporte abrió investigación contra varias aplicaciones como Uber, Llevo y Cuper

La Superintendencia de Transporte informó que adoptó un paquete de medidas contra diferentes empresas extranjeras que estarían permitiendo operaciones de transporte ilegal en el territorio nacional, aplicando así por primera vez la Ley de Protección del Consumidor.

De esta forma, el ente de control y vigilancia formuló cargos contra Uber Technologies Inc de Estados Unidos, Uber BV de Países Bajos, Rasier Operations B.V., Maximobility S.A.S, Lieber Colombia S.A.S. (estas dos empresas relacionadas con la operación de Cabify) y contra las aplicaciones Llevo y Cuper.

Todas estas son indagadas por presuntamente facilitar la violación de normas del transporte en el país, algunas de ellas en vehículo y otras en la modalidad de mototaxismo.

La decisión de abrir las investigaciones, según la Supertransporte, se debió a que las aplicaciones, al parecer, no suministraban información clara, veraz y suficiente a los usuarios, entre otras.

Ante el escenario, el superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, aseguró que estos nuevos casos son determinantes en la lucha de la Superintendencia contra la ilegalidad.

“Por un lado, estamos vinculando empresas extranjeras a investigaciones en Colombia para que respondan por las posibles infracciones de nuestra legislación de transporte. Y por otro, por primera vez estamos aplicando el Estatuto de Protección del Consumidor a dos empresas que estarían imponiendo cláusulas abusivas a los consumidores–pasajeros. Es una muestra más del compromiso de la Super por la protección de los usuarios de transporte en el país”, señaló Pabón.

Los cargos imputados a las aplicaciones son:

1. Facilitar la prestación de transporte con vehículos que no tendrían las condiciones técnico mecánicas exigidas, ni contarían con los mantenimientos preventivos y alistamientos diarios exigidos por la ley.
2. Facilitar la prestación de transporte con vehículos que no están homologados ni matriculados para servicio público.
3. Facilitar la prestación de transporte con conductores que no tendrían la licencia de conducción para transporte público, ni las capacitaciones ni los programas de medicina preventiva requeridos.
4. Facilitar la prestación de transporte sin contar con un plan estratégico de seguridad vial.
5. Facilitar la prestación de transporte sin contar con los seguros que cubran los riesgos según las exigencias legales.
6. Facilitar la prestación de transporte por sujetos que no están constituidos ni habilitados de acuerdo con los requisitos legales.
7. Por alterar el servicio público, entre otros cargos.

Frente a Uber, el supertransporte Pabón, agregó: “Se está investigando y se formularon cargos por hechos ocurridos durante 2020, toda la operación durante la pandemia en donde se habría implementado este modelo de arrendamiento de vehículo con conductor. La Superintendencia revisará si, en efecto, es un arrendamiento vehículo con conductor o si en realidad se trata de un contrato de transporte disfrazado de un arrendamiento de vehículo con conductor, lo que sería igualmente grave y además violatorio, en este caso, de la Ley de Transporte”.

En cuanto a la Delegatura para la Protección de Usuarios del sector Transporte de la Supertransporte, se informó que se abrieron investigaciones administrativas en contra de Lieber Colombia SAS y Maximobility S.A.S. por presuntamente:

1. Incluir dentro de sus “términos y condiciones” cláusulas que podrían considerarse abusivas, como algunas que limitan tanto el ejercicio de los derechos de los usuarios en materia de reversión del pago y poder acceder a los mecanismos dispuesto por el ordenamiento jurídico colombiano para proteger sus derechos, como también otras que, al limitar la responsabilidad del productor o proveedor, trasladan a los usuarios obligaciones que no deberían ser asumidos por éstos sino por quienes ofrecen el servicio. Un ejemplo es el caso de las posibles responsabilidades a cargo de los usuarios por los daños derivados del uso de la plataforma.
2. Por no suministrar información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea a los usuarios sobre los servicios ofrecidos y los canales de atención dispuestos para presentar PQRS.

En caso de ser encontradas responsables, las multas a estas empresas podrían superar los $8.000 millones de pesos en conjunto.

Finalmente, dentro del paquete de medidas adoptadas, la Superintendencia de Transporte también informó que impuso una sanción a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali porque, durante 2019, omitió controlar el transporte ilegal en la ciudad, afectando con ello la prestación del servicio de manera regular.