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Víctimas de Falsos positivos dicen que muchos militares no han aportado verdad en la JEP

Solicitan que uniformados activos investigados por este delito sean expulsados de la fuerza pública porque las ejecuciones extra judiciales podrían repetirse.

Solicitan que uniformados activos investigados por este delito sean expulsados de la fuerza pública porque las ejecuciones extra judiciales podrían repetirse.. Foto: Fabián Romero Garzón

Ante  los magistrados de la sala de reconocimiento de la JEP las víctimas de los falsos positivos hicieron una evaluación sobre la contribución a la verdad que han hecho los 161 miembros de la fuerza pública que han declarado ante el tribunal de paz.

Para las madres de Soacha si bien algunos uniformados han aportado datos de cómo se ejecutaron a sus seres queridos, la información entregada es insuficiente.

En medio del llanto Kelly Johana Ruiz relató cómo el 27 de febrero de 2008 en Bogotá vio por última vez a su esposo y padre de sus dos hijos, Daniel Andrés Pesca de 27 años, durante seis meses no supo su  paradero, pero  escuchando uno de los relatos de los comparecientes que aseguraba que la orden de los oficiales era quitarle los documentos a sus víctimas para que fuera más difícil identificarlos entendió el porqué de esta situación.

Un día recibió una llamada de medicina legal para decirle que identificará un cuerpo, el 26 de agosto viajó a Cimitarra, norte de Santander, en donde luego de identificar a su esposo le dijeron que era un guerrillero dado de baja en un combate con el Ejército.

Kelly aseguro que los testimonios que ella pudo escuchar por parte de los uniformados involucrados en este delito  no han sido para nada útiles, ya que los militares no han reconocido su participación en la comisión de los delitos, se han “pasado la pelota entre ellos”  siguen hablando de las víctimas como personas criminales, comentó.

Como medida para que estos hechos no vuelvan a ocurrir solicitó que los miembros de la fuerza pública investigados por estos delitos sean apartados de las filas ya que su permanencia en la institución castrense pone en riesgo sus vidas e incluso las ejecuciones extrajudiciales podrían seguir ocurriendo.

Por su parte, la magistrada Catalina Díaz que esta frente a este caso, señalo que de los testimonios recolectados se ha podido establecer que habían distintos métodos para seleccionar víctimas de los falsos positivos, en el caso de Soacha y Antioquia conseguían jóvenes vulnerables socialmente en las zonas más deprimidas, en el caso del Catatumbo habían “una especie de listas negras” de milicianos o colaboradores de las guerrillas.

Con respecto a las solicitudes de las víctimas, la magistrada señalo que son bastante importantes y por eso serán analizadas con todo el rigor dentro de este proceso judicial.

Cabe recordar que varios generales activos han sido señalados por Human Rights Watch de estar involucrados en casos de falsos positivos.

Uno de ellos es el general Diego Luis Villegas Muñoz, quien se investigado por un caso de  falsos positivos por la muerte de Omar Alcides Villada, en Montebello Antioquia. Villegas siendo comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, fue quien pidió perdón, por el asesinato de Dimar Torres, desmovilizado de las Farc.

Otro caso es del general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División, quien evaluaría la efectividad de sus hombres  por el número de combates sostenidos con el enemigo, y sobre quien han denunciado ejerce presión sobre las tropas para que estas obtengan más resultados, Ramírez Trujillo  ha sido señalado de incurrir en estas prácticas por  José Miguel Vivanco director de la ONG Human Rights Watch.

También sale a relucir el caso del general David Bastidas quien también reportó HRW “está siendo investigado por su rol en abusos ocurridos durante parte de los años 2004 y 2005, mientras era el segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada. En noviembre de 2017, un fiscal imputó a Bastidas en relación con su presunto rol en 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura. El fiscal sostuvo que el general David Bastidas no tomó medidas ante estos delitos, pese a las circunstancias poco plausibles de las bajas reportadas”.