Función de advertencia al Inpec por irregularidades en tema de alimentos en cárceles
Esta fue dirigida por la Contraloría General por el grave riesgo en la prestación de servicio de alimentación a los recluso de las cárceles en el país.
Foto: Colprensa.(Thot)
La Contraloría General de la República hizo una función de advertencia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC), por la prestación inadecuada de los servicios de alimentación a los reclusos de las cárceles del país.
A través de su Delegada para la Participación Ciudadana, la CGR solicitó las adopción de medidas correctivas inmediatas que permitan asegurar que las próximas contrataciones prevean mecanismos más eficientes de supervisión y control en la entrega de las raciones y cumplan con las obligaciones en términos eficaces y en beneficio de los internos.
De igual forma, la Contraloría General requiere que se adopten mecanismos que permitan optimizar los controles de calidad, nutrición y sanidad establecidas en el pliego de las condiciones de cada uno de los contratos con las empresas que suministran los alimentos, ya que se evidencian irregularidades en el cumplimiento de las minutas.
Así mismo, se precisa el adecuado acondicionamiento de la infraestructura física en los sitios de elaboración y consumo de alimentos de los centros penitenciarios, de conformidad con las exigencias de la Ley 009 de 1979 y Decreto 3075 de 1997, de obligatorio cumplimiento y que hacen parte de los compromisos asumidos por el Inpec.
El contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga Pardo, advirtió que el daño patrimonial al Estado en el caso de la Cárcel Ternera de Cartagena está por el orden de los $128 millones y que estos hechos pueden extenderse a otras cárceles del país.
El Delegado informó que en las próximas semanas se concluirá un informe que concentra el 35% de la contratación total de esta modalidad en la Unidad que incluye la ejecución contractual de 11 establecimientos penitenciarios en los que presuntamente ocurren hechos similares a los de la Ternera.
Autor: Freddy Gómez.
A través de su Delegada para la Participación Ciudadana, la CGR solicitó las adopción de medidas correctivas inmediatas que permitan asegurar que las próximas contrataciones prevean mecanismos más eficientes de supervisión y control en la entrega de las raciones y cumplan con las obligaciones en términos eficaces y en beneficio de los internos.
De igual forma, la Contraloría General requiere que se adopten mecanismos que permitan optimizar los controles de calidad, nutrición y sanidad establecidas en el pliego de las condiciones de cada uno de los contratos con las empresas que suministran los alimentos, ya que se evidencian irregularidades en el cumplimiento de las minutas.
Así mismo, se precisa el adecuado acondicionamiento de la infraestructura física en los sitios de elaboración y consumo de alimentos de los centros penitenciarios, de conformidad con las exigencias de la Ley 009 de 1979 y Decreto 3075 de 1997, de obligatorio cumplimiento y que hacen parte de los compromisos asumidos por el Inpec.
El contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga Pardo, advirtió que el daño patrimonial al Estado en el caso de la Cárcel Ternera de Cartagena está por el orden de los $128 millones y que estos hechos pueden extenderse a otras cárceles del país.
El Delegado informó que en las próximas semanas se concluirá un informe que concentra el 35% de la contratación total de esta modalidad en la Unidad que incluye la ejecución contractual de 11 establecimientos penitenciarios en los que presuntamente ocurren hechos similares a los de la Ternera.
Autor: Freddy Gómez.
