Preocupación en el sector energético por la próxima reforma tributaria

Distintos gremios de la energía del país se unieron para exponer su preocupación frente a la próxima reforma tributaria y la posibilidad que se incluya la modificación de la Ley 1819 de 2016 en lo relacionado con el impuesto al carbono, gravando al carbón como combustible, lo cual para el sector, generaría un impacto en diferentes frentes de la economía nacional y que a su vez no se compensan en nada con los recaudos que pudiera recibir el gobierno con la iniciativa.

Entre los que hicieron el llamado se encuentran: La Asociación Nacional de Empresas Generadoras – Andeg, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía – Asoenergía, la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas- Acopi, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto - Procemco, la Federación Nacional de Productores de Carbón – Fenalcarbón y la Asociación Nacional de Industrias Plásticas - Acoplásticos, los cuales coinciden en estar preocupados por el impacto que tendría en la iniciativa legislativa de la reforma tributaria, la inclusión del carbón dentro de los combustibles gravados con el impuesto al carbono.

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Según los gremios y asociaciones se presentarían impactos negativos en:

- Primer lugar, se generaría un alza en el precio de los contratos de generación de energía eléctrica del orden de $18 por kilovatio/hora, lo que representará un impacto sobre los consumidores finales cercano a 1.3 billones de pesos/año, que se reflejarán en las tarifas de todos los usuarios, incluyendo los más vulnerables, cuando todos los contratos de los comercializadores sean renovados.

Seguido a esto, el sector argumentó que esta apuesta de inclusión de mayores impuestos en las facturas de los usuarios de electricidad del país, le representaría al Estado una apropiación adicional en el presupuesto y un pago adicional neto, a través del ya deficitario fondo de subsidios, en cerca de 150 mil millones de pesos al año, para financiar los aportes que otorga el gobierno a los usuarios de menores ingresos.

La medida sólo permitiría recaudar, por ese concepto, 250 mil millones de pesos, con lo cual se tendría un efecto neto negativo para la sociedad del orden de 1.2 billones de pesos al año.

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- Segundo lugar, la iniciativa causaría un efecto negativo en la industria nacional que utiliza este energético en sectores tan relevantes para la economía como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas. La experiencia internacional demuestra que la implementación de impuestos al carbono que gravan los energéticos sin mecanismos de gradualidad, y sin tener en cuenta la exposición del país a mercados internacionales donde no existen estos tributos, generan desplazamiento del sector industrial, pérdida del empleo, mayor huella de carbono y finalmente, ausencia de recaudo.

- En tercer lugar, se tendría un impacto en la pequeña minería nacional, según los gremios y asociaciones, la industria del carbón en el interior del país genera más de 35.000 empleos directos cuya producción abastece fundamentalmente el mercado local. Buena parte de ese empleo es formal y contributivo y se encuentra localizado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Se trata de una industria con un fuerte encadenamiento tanto hacia adelante como hacia atrás, lo cual hace que los empleos indirectos que genera sean superiores a los 120.000. El impuesto al carbono será asumido en parte por los proveedores de carbón en la negociación con sus compradores, lo cual representaría una merma ostensible en la utilidad del minero que terminará motivando la informalidad y el menor empleo en el sector, aspectos muy inconvenientes para el país y para las regiones en un contexto de reactivación económica.

Finalmente, el sector hizo un llamado al Gobierno Nacional para replantear esta propuesta por sus altos impactos sociales y económicos, que adicionalmente no apuntarían a solucionar el principal problema asociado a las emisiones de carbono, esperando así que también se consideren otras alternativas para lograr los recaudos necesitados.