Exigen justicia para 38 personas asesinadas en crisis política en Honduras
Más de 300 personas han tenido que salir del país al exilio y "165 han sido criminalizados por razones políticas".
La Convergencia Contra el Continuismo en Honduras pidió hoy justicia para 38 personas asesinadas durante la crisis derivada del presunto fraude en las elecciones generales de noviembre de 2017 y que sean puestos en libertad cinco "presos políticos".
"38 son las y los hondureños muertos durante la represión contra los manifestantes que rechazaban el fraude electoral y la reelección ilegal", indicó el portavoz de la Convergencia, Carlos Reyes, en rueda de prensa, en la que participó también el expresidente hondureño Manuel Zelaya.
Más de 300 personas han tenido que salir del país al exilio y "165 han sido criminalizados por razones políticas", añadió Reyes, que leyó un comunicado de la Convergencia, integrada por varios sectores del país.
Señaló además que la Convergencia exige "el cese de la persecución, el retorno a su patria de los exiliados políticos, libertad para los presos políticos y justicia para los mártires".
"El régimen usurpador niega su condición de presos políticos y los acusa de delincuentes comunes, porque para ellos, el pueblo no tiene derecho a manifestar su rabia, su descontento e impotencia ante tanto abuso, e irrespeto a la voluntad de miles de ciudadanos", enfatizó.
El comunicado, firmado también por el Comité Nacional por la Liberación de Presos políticos, señala que en los años 80 llegó a Honduras "la democracia constitucional, acabó la dictadura militar, pero no la militarización del país, los militares retornaron a sus cuarteles hasta los años noventa".
También llegó la "persecución, cárcel, tortura, exilio, desaparición y muerte que llenó de dolor y luto permanente a cientos de familias hondureñas que aún claman por justicia, mientras los culpables viven tranquilos y disfrutan del reconocimiento y respeto de un pueblo a quien se empeñan en borrarle sus recuerdos y su memoria".
El movimiento Convergencia considera que "no es extraño" que, a algunos de esos culpables, "ante su féretro se exalte su persona y se le llene de reconocimientos por el bien aportado a la patria, mientras sus crímenes y los familiares de las víctimas siguen a la espera de que algún día se termine la impunidad".
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, afirmó a Efe que un hondureño se encuentra desaparecido desde la crisis política, lo que significa, dijo, un "crimen de lesa humanidad" y el Estado debe responder.
Oliva reafirmó que 38 personas fueron "asesinadas" durante la crisis política y social y lamentó que "no hay ninguna acción que se haya emprendido desde el Ministerio Público para investigar y sancionar" esos crímenes.
Señaló que el Cofadeh registra "más de 300 personas" de Honduras están en el exilio y "165 criminalizados por razones políticas", de estos 160 se defienden en libertad y cinco continúan presos.
La Convergencia indicó que los que estaban presos por razones políticas y han logrado salir de la cárcel sufren "igual que otros, persecución y amenazas".
Señaló que las muertes de jóvenes, "con claros mensajes de intimidación y advertencia, nos hacen concluir que continúa activado un Estado represor", por lo que considera necesario "ampliar el actual Comité de Presos Políticos para continuar exigiendo justicia a los mártires de ayer y de hoy".
La crisis que vive el país surgió a raíz de que la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato presidencial fue Salvador Nasralla, no reconoció las elecciones de noviembre de 2017, en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido, aduciendo fraude.
