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Masacre de Tlatelolco, 50 años para ser “crimen de Estado” en México

Los sobrevivientes de la tragedia estudiantil lideran este martes una gran marcha acompañada por los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

(Archivo Histórico UNAM ). Foto: Agencia Anadolu

Por: Alejandro Melgoza Rocha

El 2 de octubre tiene un significado especial para México. Tristemente es como una especie de luto colectivo, el más grande en la historia contemporánea del país norteamericano.

En 1968, durante un emblemático mitín nocturno en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en Ciudad de México, militares emboscaron con francotiradores, soldados y agentes de inteligencia a los estudiantes que se concentraban en manifestaciones en la plaza, en lo que en ese entonces las autoridades calificaban como un hecho de “fuego cruzado”.

Durante décadas, los gobiernos de los tradicionales partidos políticos del PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), se negaron a reconocer la responsabilidad del Estado en la masacre, donde se afirma, fueron ejecutados entre 40 y 400 estudiantes.

Otra cifra que menciona el Consejo Nacional de Huelga del 68 es de 150 civiles y 40 militares muertos.

Solo hasta hace algunos días el Gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto reconoció por primera vez que se trató de un “crimen de Estado”.

“Las violaciones a los derechos humanos son inobjetables y abundan las evidencias que demuestran que las instituciones del Estado fueron utilizadas para ese efecto, por lo que se constituyó un crimen de Estado”, resolvió el pasado 24 de septiembre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) perteneciente a la Procuraduría General de México.

La entidad oficial como parte del decreto implementará una “reparación simbólica colectiva” en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. A su vez, se espera realizar un recuento documental y de fotografía sobre los contextos y el hecho en sí, también se instruyó retirar todas las placas conmemorativas del exjefe de Estado de esa época, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde las primeras horas de este martes, en las principales plazas públicas y universidades mexicanas se izaron banderas a media asta en señal de luto. Son 50 años de la masacre que según algunos historiadores puso fin o mermó el impulso en México del movimiento estudiantil de 1968.

Bajo la administración de Díaz Ordaz se instruyó al Ejército para atacar a los estudiantes de universidades públicas y privadas, tales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras.

En su momento, el gobierno calificó a los estudiantes de una “amenaza comunista” que pretendía derrocar la democracia en México. Sin embargo, la infinidad de libros y reportes periodísticos dan cuenta de estudiantes, profesores, intelectuales y obreros que protestaban precisamente por la “democratización” frente al “autoritarismo” de las instituciones.

La instalación del Memorial del 68 en la Plaza de la Constitución se realizará el medio día del martes. En la tarde se hará un evento político y cultural para recordar a los fallecidos.

También se pretende realizar este martes la “megamarcha” que partirá a las 4 de la tarde (hora local) desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo capitalino. A las 6 de la tarde se realizará una concentración por la conmemoración del Movimiento Estudiantil, en el que tomarán la palabra los sobrevivientes de ese entonces, así como los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Pliego de peticiones en 1968

En ese año se llevaban a cabo los Olímpicos de México, razón por la cual el Gobierno mexicano pretendía disolver cualquier acto de protesta mediante la represión y retenciones ilegales por parte de agentes de inteligencia.

La coyuntura deportiva fue usada por los estudiantes para que sus demandas se visibilizaran internacionalmente.

En sus seis pliegos de peticiones hechas por el Consejo Nacional de Huelga (CNH) se exigía la libertad de presos los políticos, es decir, los estudiantes y activistas que fueron capturados por la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), la llamada “policía política” del presidente mexicano.

En el libro “El policía, perseguía, torturaba y mataba” del periodista Rafael Rodríguez Castañeda (2013), se denuncia que la DFS fue un organismo que atacaba movimientos sociales y estudiantiles durante los años 60, 70 y 80.

Su protagonista era el director Miguel Nazar Haro, a quien acusaban de torturar y ejecutar personalmente a líderes estudiantiles. Ese periodo fue nombrado como el de la “guerra sucia” en el país, en la que se cometieron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Entre las otras peticiones, se encontraba la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual instruía a disolver por cualquier medio las protestas. Se exigía la desaparición del grupo de uniformados cuerpos de granaderos; destitución de los jefes policiales de aquel entonces, indemnización a las víctimas de los actos represivos y establecer un diálogo entre autoridades y el Consejo Nacional de Huelga.

Ninguna de las exigencias fue cumplida por el gobierno de turno. De hecho, después de la matanza del 2 de octubre, ciudadanos y sobrevivientes pidieron el juicio por “genocidio” al político Luis Echeverría (1970-1976), sucesor presidencial de Díaz Ordaz, que según ellos fue coparticipe de la instrucción de ataque del Ejército contra los estudiantes.

El pasado 13 de septiembre, los integrantes del Comité del 68 anunciaron que solicitarán la reapertura de 57 averiguaciones previas integradas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con el propósito de juzgar efectivamente a Echevería por genocidio. El expresidente actualmente se encuentra vivo con 96 años de edad.

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