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Presidente de Ecuador veta "Ley humanitaria" para reactivar la economía

El mandatario indicó que ha resuelto modificar algunos aspectos de la normativa aprobada en primera instancia por la Asamblea con el objetivo de incentivar los sectores productivos

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, remitió este martes a la Asamblea Nacional su "veto parcial" a la aprobada Ley de Apoyo Humanitario, que busca reactivar la economía tras la pandemía. Foto: Getty Images

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, remitió este martes a la Asamblea Nacional (Parlamento) su "veto parcial" a la aprobada Ley de Apoyo Humanitario, que busca reactivar la economía tras la pandemia del coronavirus y la crisis que agobian al país, pero que ha causado escozor en amplios sectores sociales.

El mandatario, en un mensaje de Twitter, indicó que ha resuelto modificar algunos aspectos de la normativa aprobada en primera instancia por la Asamblea, con el objetivo de incentivar a los sectores productivos, proteger el empleo y sostener los servicios públicos como la salud.

"Mi veto parcial a la Ley Apoyo Humanitario por la emergencia de la COVID-19 prioriza 4 objetivos: reforzar el apoyo a familias ecuatorianas, sostener el empleo, incentivar la producción y asegurar la provisión de servicios. El país espera una respuesta positiva" del Legislativo, señaló Moreno.

El veto presidencial incluye 32 observaciones al cuerpo legal aprobado por el Parlamento y que, según el mandatario, busca que la normativa sea "un instrumento justo, de apoyo a los más vulnerables y facilite la reactivación económica".

El pasado 15 de mayo, el Legislativo aprobó dicha Ley con 74 votos de los 137 que forman el pleno, luego que el Ejecutivo acogiera algunas sugerencias de los grupos parlamentarios, algunos de los cuales se opusieron a la normativa por considerar que era "regresiva de derechos".

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Con el veto, que deberá ser analizado por el pleno de la Asamblea, el Gobierno dice que pretende ampliar varios de los beneficios de su iniciativa.

Entre otras modificaciones, el veto da otra interpretación a la causa de "fuerza mayor" que podrían declarar las empresas para desvincular al personal en tiempos de crisis, como la que afrontó el país por la pandemia del coronavirus.

Con ello, señala el texto del Ejecutivo, "se apunta a preservar las fuentes de trabajo y evitar el cierre de negocios", además que alienta la posibilidad de acuerdos obrero-patronales para una eventual reducción de la jornada laboral y de los salarios.

Los empleadores podrán acordar la reducción de la jornada hasta un máximo del 50 por ciento y el pago corresponderá, en proporción, a las horas efectivamente trabajadas y no será menor al 55 por ciento de la fijada previo a la reducción, precisa el escrito.

Esta modalidad podrá efectuarse durante un año con la posibilidad de renovarse por el mismo periodo, una sola vez, una decisión que reduce la norma legislativa que establecía un periodo de dos años, renovables por otros dos.

Asimismo, el veto se refiere al llamado "teletrabajo" para el sector público y privado, que tendrá tres modalidades: "permanente, parcial y ocasional".

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La llamada "ley humanitaria" también crea incentivos tributarios para que las instituciones del sistema financiero otorguen créditos y acepten la refinanciación o reestructuración de deudas pendientes.

Asimismo, abre la posibilidad para recibir vuelos internacionales en las Islas Galápagos, hasta ahora atendidas a través de frecuencias nacionales, por norma ambiental.

Las reformas, establecidas por el Gobierno en medio de la cuarentena que vivió el país desde el pasado 16 de marzo, cuando se decretó un Estado de excepción, han sido criticadas por sindicatos, sectores indígenas, populares y la oposición política de izquierdas, que temen que terminen por conculcar derechos, sobre todo laborales.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ha efectuado protestas en medio de la cuarentena para rechazar la que califican como "mal llamada Ley humanitaria", que ha formado parte de otras decisiones del Ejecutivo como los polémicos recortes presupuestarios a la educación y otros sectores.

La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) también ha cuestionado la normativa y ha advertido de un "estallido social" si el Ejecutivo sigue adelante con iniciativas, que buscan, según ese colectivo, privilegiar el pago de la deuda exterior y cumplir los acuerdos con el FMI. 

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