Cae segunda red de corrupción entorno a los recursos de la paz

La Fiscalía General de la Nación, a través de la delegada contra la Criminalidad Organizada, detectó un presunto acuerdo ilícito de voluntades del que harían parte funcionarios y particulares que fungían como contratistas, financiadores, técnicos o intermediarios.

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Las investigaciones advirtieron que, desde 2017, este grupo de personas presuntamente gestionó de manera irregular contratos ante diferentes entidades del Estado y municipios priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), algunos de ellos ubicados en Nariño como La Tola, El Charco y Mosquera.

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Las propuestas presentadas por los contratistas y supuestamente tramitadas ilícitamente estaban destinadas a aparentes proyectos productivos y planes de atención a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas. 

Los elementos probatorios dan cuenta que, después de la adjudicación de los convenios, la organización criminal retribuía a los funcionarios y alcaldes con un porcentaje del valor total de los contratos recibidos.

Por estos hechos fueron capturados:

-José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción. Fue detenido en Bogotá. 

-Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, supuesto financiador, capturado en Montería (Córdoba).

-Milton Cuero Tejada, alcalde de El Charco (Nariño), detenido en Palmira (Valle del Cauca).

-Johan Velásquez Moreno, alcalde de Mosquera (Nariño), detenido en Pasto.

- Federman Riascos Lerma, alcalde de La Tola (Nariño), capturado en Pasto.

-Cristóbal Ortiz Barahona, consejero de paz de La Tola (Nariño).

- Mauricio Alexander Quintero Bonilla, ingeniero contratista de la Alcaldía de El Charco (Nariño).

- Wilmar Caicedo Campaz, contratista.

- Javier Castro Garcés, arquitecto, contratista.

Los funcionarios y particulares fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. El juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad a 8 de los procesados y se abstuvo de imponer medida al alcalde de Mosquera (Nariño).

Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de más personas y funcionarios, así como otros frentes de contratación y presunta financiación de campañas políticas.

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