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Condenan a 10 años de prisión a exalcalde de Tierralta por nexos con Autodefensas

Se trata de Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, quien fue alcalde del municipio de Tierralta en el periodo 2008-2011.

Ortiz Naranjo fue mencionado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en una versión libre ante la jurisdicción de Justicia y Paz. Foto: Getty Images

Mediante un comunicado conocido este 21 de enero se confirmó que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, condenó al exalcalde de Tierralta (Córdoba), Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, por el delito de concierto para delinquir agravado, por sus nexos con grupos de autodefensa.

Según lo establecido, Ortiz Naranjo fue mencionado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en una versión libre ante la jurisdicción de Justicia y Paz, como uno de los alcaldes que fue elegido por imposición de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC, en la zona del Alto Sinú, del departamento de Córdoba.

De acuerdo con las declaraciones de Mancuso, en marzo del año 2000 se realizó una reunión en el corregimiento de Nueva Granada en Tierralta, conocido como El Granadazo, allí se estableció que los próximos tres alcaldes de esa municipalidad serían Sigifredo Senior Sotomayor, Humberto Santos Negrete Fajardo y Aníbal Antonio Ortiz Naranjo, situación que ocurrió como fue ordenada por las AUC”, establece el comunicado revelado por la Rama Judicial.

Así mismo, se indicó que, Ortiz Naranjo ganó las elecciones por una amplia mayoría y ocupó el cargo para el periodo 2008-2011. La investigación en su contra fue asumida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Montería, en febrero de 2015, despacho que revocó la medida de aseguramiento que  inicialmente se había impuesto en contra del  procesado.

Por una medida de descongestión del Consejo Superior de la Judicatura, el expediente fue remitido al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que impuso una condena de 10 años y seis meses de prisión. Así mismo, fue impuesta una multa equivalente a  9.525 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2007.

Al tiempo  se señaló que, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por medio del Juzgado de Conocimiento de Montería, libró orden de captura contra el procesado y negó la suspensión de ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.