Consejo de Estado despoja de su investidura a congresista por exigir dinero a sus empleados

El Consejo de Estado despojó de su investidura al representante a la Cámara por Bogotá, Rubén Darío Salazar, condenado por la Corte Suprema de Justicia por exigir dinero de su sueldo a los empleados que tenía en su Unidad de Trabajo Legislativo.

El alto tribunal de lo contencioso administrativo consideró que su confesión ante la Corte Suprema en el delito de concusión daba lugar al reconocimiento de la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como producto de su accionar delictivo.

El dirigente del Partido Convergencia Ciudadana no sólo admitió haberle exigido un monto de dinero mensual a quienes hacían parte de su Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso para mantenerlos en sus cargos, sino que presentó excusas a todos sus electores, en audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia.

Salazar había sido cobijado con medida de aseguramiento sin detención preventiva, que consistía en el porte permanente de uno de los brazaletes electrónicos implantados durante la actual vigencia judicial por parte del Ministerio del Interior y de Justicia.

Luego de su confesión y su acogimiento al beneficio de la sentencia anticipada, el hoy ex congresista perdió la garantía de la excarcelación, por cuanto se ordenó su captura y posterior reclusión en un centro penitenciario.

Según lo advertía la acusación, el dirigente habría aprovechado también su posición como misionero de una iglesia cristiana, desde donde habría ofrecido varias prebendas, entre ellas la entrega de algunos lotes a los fieles, a cambio de obtener respaldo electoral.