La Corte Suprema de Justicia pide respeto por las decisiones judiciales
Luego de los enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia por los pronunciamientos hechos a raiz de la condena de Mario Aranguren y el Coronel Plazas Vega, en los últimos días, la Corte exige respeto a las decisiones judiciales.
Luego de los enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia por los pronunciamientos hechos a raiz de la condena de Mario Aranguren y el Coronel Plazas Vega, en los últimos días, la Corte exige respeto a las decisiones judiciales.
La Corte Suprema de Justicia, ante los acontecimientos de los últimos días, manifiesta:
Que la independencia judicial es un principio fundamental de todo estado democrático, que implica, un derecho y una garantía de la sociedad para acceder a una justicia imparcial.
Que las decisiones judiciales deben ser respetadas por todas las autoridades y por todos los ciudadanos, sin perjuicio de los recursos previstos en la ley; por tanto, es impropio descalificarlas o controvertirlas por medios diferentes a los previstos en el orden jurídico.
Con preocupación observa la Corte que las decisiones de jueces y fiscales vienen siendo descalificadas por otras autoridades públicas en lenguaje deplorable con grave peligro para la institucionalidad, para la supervivencia del estado social de derecho y para la vida e integridad de los funcionarios.
Por lo anterior, decide:
- Rechazar públicamente las expresiones inapropiadas, las intromisiones y las interferencias indebidas a la autonomía judicial.
- Reclamar enérgicamente de las demás ramas del poder público la sensatez y la defensa del estado de derecho, de la independencia judicial y del sistema jurídico colombiano.
- Solicitar a la sociedad colombiana defender sus instituciones y manifestarse en apoyo a sus jueces que son el cimiento de la democracia.
- Hacer un llamado a la Comunidad Internacional para que rodee con su apoyo y solidaridad a la judicatura colombiana, que una vez más viene siendo agredida por el ejercicio de sus funciones, e instar al gobierno nacional al cumplimiento de las recomendaciones que ya han sido impuestas por los relatores internacionales.
Bogotá D.C., 10 de junio de 2010