Piden cárcel para capturados por delitos contra Administración Pública en Meta

Varios audios hacen parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Villavicencio, y con los cuales busca comprobar los delitos en que estarían incurriendo un fiscal, un abogado y tres particulares, quienes se habrían concertado para ofrecer beneficios a capturados por la comisión de delitos de hurto, cometidos entre 2015 y 2016 en la capital del Meta.

Según la Fiscalía, el abogado Nelson Guzmán Hernández se habría comunicado con Solandy Parra Gómez, esposa del entonces Fiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para acordar los términos y la cuantía a recibir por otorgar órdenes de libertad y detención domiciliaria a potenciales clientes.

En el juzgado también fueron escuchadas conversaciones en las que el abogado Guzmán llamaba a su esposa, Paola Andrea Dávila Tafur, con quien compartía lo planeado y de paso acordaban el modo de entregar los pagos que habrían sido acordados con el Fiscal.

Otra mujer identificada como María Cristina Acosta Olaya también fue vinculada al proceso, por ofrecer y entregar dinero a cambio de beneficios judiciales a los hoy investigados.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los implicados cargos por concierto para delinquir como autores en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y sucesivo con cohecho propio en concurso homogéneo y sucesivo con asesoramiento ilegal y prevaricato, los cuales no fueron aceptados.

En este caso la Fiscalía pidió prisión domiciliaria para Paola Andrea Dávila Tafur y María Cristina Acosta Olaya. En el caso de Óscar Fernando Albán Caicedo, Nelson Guzmán Hernández y Solandy Parra Gómez, el ente investigador pidió detención en centro carcelario.

El lunes 8 de octubre de 2018 se conocerá la decisión del Juzgado, respecto a solicitud de medida presentada por la  Fiscalía contra los cinco investigados.