Procuraduría presenta nuevo recurso frente fallo que frena destitución del Gobernador del Valle
El recurso se fundamenta en el hecho de que el citado órgano de control judicial insiste en reproducir una competencia que no le asiste, al fundamentar su decisión en una posible y no en una concreta violación de un derecho fundamental por parte de la Procuraduría en contra de Juan Carlos Abadía
(Thot)
La Procuraduría General de la Nación adelanta el trámite tendiente a formular el recurso de queja contra la decisión proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, que negó la concesión de los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del pasado 15 de junio, que niega la solicitud del Ministerio Público de continuar con la ejecución de las decisiones disciplinarias impuestas a Juan Carlos Abadía Campo y por consiguiente, mantiene suspendida su destitución e inhabilidad por 10 años.
El recurso se fundamenta en el hecho de que el citado órgano de control judicial insiste en reproducir una competencia que no le asiste, al fundamentar su decisión en una posible y no en una concreta violación de un derecho fundamental por parte de la Procuraduría en contra de Abadía Campo.
El Ministerio Público señala, además, que los argumentos expuestos por la magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas “contrarían seriamente el orden jurídico legal vigente, por el hecho de que ninguna de sus decisiones se motivan, sino que someramente hacen mención a los conceptos de ‘urgencia’ y necesidad’, con base en conjeturas y eventualidades, sujetas a revisión del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría”.
En el recurso interpuesto se reiteraron las razones jurídicas que sustentan la solicitud de la Procuraduría radicada el pasado 16 de junio y entre las cuales cabe señalar que la situación de urgencia generada por los pocos días con que cuenta el Presidente de la República para designar un gobernador ha quedado desvirtuada, pues dicho nombramiento se efectuó el pasado 8 de junio.
Para el ente de control es claro que esta situación vulnera el derecho fundamental a elegir y ser elegido, teniendo en cuenta que el 30 de junio de 2010 debía encontrase en ejercicio el gobernador encargado por el Primer Mandatario, en aras de permitir las elecciones del nuevo gobernador en reemplazo del destituido.
