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Segunda opinión busca esclarecer más casos de ‘falsos positivos’

Los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia pueden ser revisados por expertos independientes a solicitud de las víctimas y sus representantes.

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Con el objetivo de desempantanar algunas de las más de 3.400 investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’, expertos forenses externos a la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal revisan palmo a palmo documentación de archivo, inspecciones de escena e informes de necropsia, entre otros elementos, para dar nuevas luces en el esclarecimiento de estos crímenes.

Ana Guatame, investigadora de la organización forense Equitas, aseguró que desde hace más de dos años trabajan en el análisis y reconstrucción de algunos casos y con base en una investigación académica estadística y forense, buscan establecer un patrón que permita diferenciar una muerte ocurrida en combate de una que haya sido producto de una ejecución.

Según Guatame, muchos de los casos han presentado inconvenientes en su investigación por dificultades técnicas de todo tipo entre las que se mencionan la forma en que se practicaron las diligencias de campo, las instalaciones inadecuadas con las que contó Medicina Legal en la época de los hechos, la falta de elementos de laboratorio y de formación de los peritos.

Según lo cuenta la investigadora, en algunos eventos fueron médicos rurales quienes participaron en el levantamiento de los cadáveres o en los mismos hospitales locales, donde fueron remitidos los cuerpos, en donde se habrían cometido errores de procedimiento que dificultarán, en etapa de juicio, la defensa de las víctimas.

“Se han identificado dificultades en materia de procedimientos que puede ser cuestionada por la defensa porque presentan errores en la cadena de custodia o transcripciones que impiden la conclusiones en los dictámenes”, afirma Ana Carolina Guatame, de Equitas.

El Estado colombiano está obligado a cumplir con protocolos nacionales e internacionales forenses para la investigación de los casos en los que se presume la práctica de una ejecución extrajudicial.