Judicial

Sentencia condenatoria contra ex director general de Foncolpuertos

Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez fue condenado por el delito de peculado por apropiación, agravado por la cuantía.

Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez fue condenado por el delito de peculado por apropiación, agravado por la cuantía. Foto: Getty Images

Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez fue condenado por el delito de peculado por apropiación, agravado por la cuantía. Foto: Getty Images(Thot)

El juzgado 16 Penal de Conocimiento de Bogotá profirió sentencia condenatoria en contra del ex director general de Foncolpuertos, Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez, por el delito de peculado por apropiación, agravado por la cuantía.

El exfuncionario fue condenado a la pena de 9 años y 7 meses de prisión, multa igual 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 1998 e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de la pena principal. Igualmente deberá pagar los perjuicios ocasionados con el delito a favor de la nación.

Con ocasión de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) se asignó al Fondo de Pasivo Social de la misma (Foncolpuertos), entre otras funciones, la de pagar las prestaciones sociales de exempleados y pensionados de la extinta compañía portuaria, entidad contra la cual se promovieron multitud de peticiones administrativas, procesos laborales y acciones de tutela, orientadas a la cancelación de todo tipo de prestaciones legales o convencionales sin sustento legal o cuyos rubros correspondientes ya habían sido pagados al momento del retiro por pensión de los reclamantes o de la liquidación de la empresa.

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Zabaleta Rodríguez dispuso el pago de diversas actas de conciliación y/o resoluciones administrativas, que reconocieron o reajustaron pensiones, la reliquidación de prestaciones sociales y el pago de indemnizaciones moratorias con fundamento en multiplicidad de factores laborales; reconocimientos que fueron realizados en favor de numerosos exportuarios, representados por distintos abogados quienes lograron un detrimento patrimonial al Estado por una suma aproximada de 158.529.489.129 millones de pesos.

El caso fue llevado por un fiscal seccional de la Unidad de Ley 600, de la Dirección Seccional de Bogotá.

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