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“Contrato fue legal y había permiso del Mininterior: alcalde de Villa de Leyva

Respecto a imágenes en redes sociales, Javier Castellanos, dijo que cumplió con el aforo de 50 personas.

“Se presentaron cuatro ofertas y se le adjudicó Corfiestas”, dijo el alcalde.. Foto: La W

Luego de que la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá le abriera una indagación preliminar, por un contrato millonario para las fiestas de la virgen del Carmen, el alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, dijo que los $15.000.000 hacen parte del plan de desarrollo para destinar a eventos culturales como la fiesta de la virgen del Carmen.

“Ahí se contempla la promoción, divulgación en un canal regional, presentación de artistas locales con una tarima luces, un animador para poder hacer alusión a la festividad y todo lo que tiene que ver con la logística en la plazuela del Carmen”, dijo.

Castellanos, dijo que la celebración, de las fiestas tradicionales de la virgen del Carmen, fueron autorizadas por el Ministerio del Interior, con la condición de mantener los protocolos de bioseguridad, el aforo de máximo 50 personas, el distanciamiento que a su juicio se cumplió.

“Se cumplió con todos los protocolos, con un aforo máximo de 50 personas, se implementaron los protocolos de bioseguridad, hubo desinfección de calzado, de manos. Había una cabina desinfección al ingreso de la plazuela”, explicó el mandatario.

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Sobre la adjudicación del contrato, dijo se hizo una licitación pública abierta a través de lo que rige la ley de contratación. “Se presentaron cuatro ofertas y se le adjudicó Corfiestas”.

A juicio de Castellanos no se registró procesiones y lo que se observó “en las redes sociales es la salida de la virgen del monasterio hasta la iglesia. Esos son 30 metros de una puerta la otra”.  

Con respecto a una tarima que se observa en la plazuela el Carmen, Castellanos dijo que se adecuó para la presentación artistas locales que se transmitió por redes sociales y el canal regional.

El pasado 17 de julio, la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, identificar e individualizar al servidor o servidores presuntamente comprometidos y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

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