Cuatro menores fueron recuperados de centro de entrenamiento ilegal del Clan del Golfo

En desarrollo de operaciones militares contra la subestructura 'Uldar Cardona Rueda', tropas de la Séptima División del Ejército, descubrieron un centro ilegal militar del Clan del Golfo en el municipio de Ayapel (Córdoba), donde al parecer adoctrinaban a menores de edad.

En la acción militar, fueron recuperados cuatro menores y  cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados. 

"Se logra la captura de alias Ochenta y alias Rubén, quienes serían el cuarto y quinto cabecilla de la estructura. Con este golpe se neutraliza la comisión de finanzas de esta organización criminal", se sostiene en un comunicado de la Séptima División del Ejército.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, resultado operacional se dio en la vereda conocida como Caño Pescado del corregimiento Pueblo Nuevo Popales, en el municipio de Ayapel, con el objetivo de llevar a cabo la verificación de casos de extorsión y asesinatos selectivos en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

Sobre los capturados, las autoridades establecieron que "alias Ochenta, de 42 años de edad, era el líder de la comisión, con una trayectoria delictiva de 10 años en la organización. Este sujeto al parecer era el cuarto cabecilla y sería el encargado del cobro de extorsiones y asesinatos selectivos en Ayapel, Córdoba y los municipios de El Bagre y Nechí, en Antioquia. Además, podría ser el responsable del reclutamiento de menores, con la finalidad de fortalecer las filas de la subestructuras del Clan del Golfo"

 "Alias Rubén, supuesto quinto cabecilla y político de la subestructura Uldar Cardona, sería responsable de varias acciones delictivas en contra de la Fuerza Pública y la población civil en estas regiones del país".

Las autoridades también señalaron que, durante la operación militar, se incautaron armas de fuego y fusiles de madera que aparentemente eran utilizados para el adoctrinamiento de los menores de edad. 

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de un juez con función de control de garantías, quien determinó la legalidad de las capturas y ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Entre tanto,  los menores recuperados fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.