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Familia de víctima de "falso positivo" en Boyacá lleva 13 años clamando justicia

Calificaron como positivo la decisión de la JEP de imputar crímenes de guerra y lesa humanidad en casos perpetrados en el Catatumbo.

Piden a la Fiscalía avanzar en las investigaciones. Foto: Getty Images

Jorge Enrique Hernández Castro desapareció en la antigua terminal de transporte de Tunja, el cuatro julio de 2008 y luego presentando como muerto en combate por parte de Ejército Nacional.

Lina Paola Hernández Castro, clama justicia desde hace 13 años por su hermano, dice que las víctimas de crimen de Estado han confiado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y consideró como un avance la imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad a un general, seis oficiales, tres suboficiales y un civil por ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo.

No es una decisión que nos beneficie en nuestro caso, pero ver estas decisiones ya es un avance para las familias que fueron masacradas por parte de instituciones del Estado”, dijo.  

Contó que durante 13 años anhelan justicia y conocer la verdad, para que se diera el asesinato de Jorge Enrique Hernández y la de otros jóvenes en Boyacá para poder tener tranquilidad y paz.

Lina recuerda que su hermano tenía problemas de farmacodependencia y estaba en la terminal de Tunja, allí lo abordaron y le ofrecieron empleo el cuatro de julio, ese mismo día le hizo una llamada a la persona que era su pareja y le dijo que avisará a su mamá que había conseguido trabajo.

“Los más doloroso es que le entregaron elementos de aseo, lo dejaron bañar y le regalaron ropa limpia. Duró cuatro años desaparecido”, cuenta Lina.

Medicina Legal y Registraduría nacional hicieron un convenio para cotejar huellas de desaparecidos y en ese proceso apareció su hermano enterrado en una fosa común como NN en Chinavita (Boyacá).

La familia de Jorge Enrique Castro espera que la Fiscalía avance en el proceso de investigación y para ello se requiere de la exhumación de los restos de su hermano donde esperan encontrar más pruebas.

En 2019, cumpliendo el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá y en medio de arengas y acusaciones de “impunidad y asesinos”, en el centro de Tunja, la Primera Brigada del Ejército, pidió excusas públicas por la ejecución extrajudicial de Hernández Castro.

Hernández dice que las investigaciones son claras al señalar que el Ejército mintió e insiste, en el caso de su hermano, está en la “completa impunidad”.

Jorge Enrique, no es el único falso positivo perpetrado por el Ejército en Boyacá, por el contrario, desde 1991 el Banco de Datos del CINEP ha documentado 29 casos que corresponden a 47 víctimas.

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