Interpondrán incidencia de desacato a MinAgricultura en Toca, Boyacá

Tras adelantarse un comité de verificación sobre el fallo del Consejo de Estado de marzo de 2015 sobre las medidas o proyectos que solucionen los problemas socio - ambientales que se evidencian en los predios cercanos al embalse La Copa en Toca, Boyacá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría llegaron a la conclusión que el 90 por ciento de las actividades para dar cumplimiento a la sentencia están paralizadas porque el Ministerio de Agricultura no ha realizado la adquisición de los predios para la ampliación de la misma represa y de paso salvaguardar los derechos colectivos de los ciudadanos que viven alrededor de la misma.

Lo que llamó la atención del delegado de la Defensoría del Pueblo, Julián Ricardo Gómez Ávila, fue que el apoderado del Ministerio de Agricultura, Israel Suárez Rivera llegó al comité, que se realizó en horas de la mañana de este 27 de noviembre, sin soportes probatorios ni documentales que permitiera hacer una verificación de lo que se ha hecho o no por parte de la entidad. 

“Que a través de la Procuraduría Judicial se solicite en comunicación de esta audiencia al honorable Tribunal se solicite apertura del incidente desacato contra el Ministerio de Agricultura. (…) Por lo que veo la única forma de hacer que el Ministerio se apersone de lo que está ocurriendo, en este sector, es que la misma jurisdicción contenciosa lo obligue al cumplimiento de sus órdenes”, dijo Gómez Ávila. 

Por su parte el procurador Judicial 2 Agrario, Álvaro Hernando Cardona manifiesta que al igual que la Defensoría no se puede avanzar en el cumplimiento de las obligaciones sino participa el Ministerio de Agricultura directamente o por medio de alguna de sus entidades adscritas o vinculadas especialmente para la identificación y adquisición plena de los predios necesarios para la ampliación completa del embalse La Copa 

“Procuraduría debe resolver si inicia incidente de desacato, la procuraduría informará al Tribunal del comité, y anexo solicitará la prudencia de iniciar incidente de desacato por incumplimiento de las obligaciones de los fallos proferidos en el 2013 y en el 2015”, explicó Cardona.  

Entre tanto el alcalde de Toca, Boyacá, Isaías Neira Ríos, destacó que por primera vez se realizará una comisión de seguimiento a los fallos del Tribunal Administrativo de Boyacá y la sentencia de revisión del Consejo de Estado, sin embargo, dijo que el incumplimiento o desacato por parte del Ministerio tiene afectada a su comunidad en el sector productivo tanto en el agro, la ganadería como en la comunicación vial en épocas de invierno.   

“Hoy básicamente la conclusión es que quien ha incumplido en casi un 90 por ciento la acción popular es el Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Desarrollo Rural por la no adquisición de las 160 hectáreas de terreno que contemplan la cota 72 y 73 de la represa de La Copa. (…)El taponamiento de la vía que conduce al municipio de Toca – Tuta – Paipa en el sector en San Antonio de La Colorada y que nos ha generado muchos riesgos”, explicó Isaías Neira. 

El accionante del recurso popular, José Amado López, insiste que el embalse ha generado infinidad de perjuicios a Toca como el fiscal al verse inundado las mejores tierras, el municipio dejó de percibir dineros por conceptos de los impuestos. 

“El tres por ciento del valor de la obra es otra compensación que aún está en desarrollo que debe recibirlo el municipio de Toca y hasta el momento nada”, dice López quien explica que el Ministerio de Agricultura tiene que comprar las tierras porque el muro del embalse esta elevado a la cota de 2672 y tienen que dejar un área de protección hasta la cota 2673.5 y no los han comprado. “Al contrario los han inundado por las vías de hecho por el manejo empírico de las compuertas, perjudicando a campesinos muy pobres que viven de una o dos hectáreas”. 

Precisa que Usochicamocha y el Ministerio debieron poner en funcionamiento un planchón para solucionar un problema social de transporte de dos veredas que quedaron aisladas de la cabecera municipal que son: Leonera y San Francisco.  

“Van 37 muertos por ahogamiento que ha sido la falta de ese elemento,  el planchón que les solucione esa dificultad de tipo social”, sostuvo López. 

Se precisa por parte del accionante que el Ministerio de Agricultura se ha negado a realizar un proceso de reinserción productiva a las familias que se les aplicaron medidas cautelares a sus tierras por más de cuatro años. “Entendamos que si el campesino no tiene un pedazo de tierra no tiene otra opción que desplazarse a engrosar los cordones de miseria de las ciudades”.