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Itagüí: Por riesgo de colapso ordenan la evacuación preventiva e inmediata de un edificio

Desde hace dos años, los propietarios reportan se comenzaron a presentar las grietas y fisuras, principalmente en los pisos 5 y 6.

Itagüí: Por riesgo de colapso ordenan la evacuación preventiva e inmediata de un edificio. Foto: Cortesía: @ciudadsur_

La alcaldía de Itagüí ordenó la evacuación preventiva en un periodo no superior a 48 horas, de 36 viviendas y 5 locales comerciales del edificio Babilonia, ubicado en zona céntrica de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, debido a que la edificación presenta algunas dificultades estructurales.

La determinación fue adoptada, para que los ingenieros de la constructora Luis Sánchez y Asociados S.A.S., responsables de la infraestructura, adelanten “el agotamiento de unos estudios estructurales y de vulnerabilidad sísmica, para los cuales se hace necesario que el edificio esté totalmente desocupado”, reveló el Secretario Jurídico de Itagüí, Oscar Darío Muñoz Vásquez.

El funcionario, señaló que la constructora tendrá “un plazo de un mes para que presente los estudios de patología y vulnerabilidad sísmica de la estructura del edificio, para proceder como corresponde, ante la curaduría y la administración municipal”.

Entre tanto, Ángela Ramírez, administradora del edificio Babilonia, recordó que desde hace dos años se vienen evidenciando los problemas de la construcción, principalmente en los pisos 5 y 6 que comenzaron a presentar fisuras.

La administradora, explicó que “el ingeniero calculista de la constructora dijo que había que intervenirlo de manera inmediata las fallas” y así comenzaron a hacerlo, pero desde la alcaldía de Itagüí hicieron la aclaración que los trabajos se debían parar, porque deben hacerse sin que las personas estén en el edificio.

Desde la administración municipal fueron enfáticos en que la constructora es quien debe asumir las responsabilidades, pero ellos apoyarán la situación con el fondo de Gestión del Riesgo, otorgándole en un inicio, un auxilio económico a los habitantes afectados, equivalente al 60% de un salario mínimo por un periodo de tres meses.