Por hallazgo fiscal investigan a gobernadora y exgobernadores de Córdoba
La investigación la adelanta la Contraloría General de la República, por un hallazgo superior a los 45 mil millones de pesos en un proyecto de ciencia y tecnología.
Investigación por irregularidades en contratación de la gobernación de Córdoba. Foto: Colprensa(Thot)
La Contraloría General de la República, investiga a la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia y a los exgobernadores de ese departamento, Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones relacionados con un contrato de investigación de ciencia y tecnología en el que se pagaron 29.000 millones de pesos, pese a que no fue ejecutado y en el que solo se han logrado recuperar $4.000 millones.
El proyecto en el que se dieron las irregularidades es el Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, que corresponde a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba-Guajira) en la cuenca del río Sinú, ejecutado por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal –Conif-.
El objeto de este proyecto contratado en el gobierno de Alejandro Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río Sinú, las cuales nunca se realizaron y su sucesor Edwin Besaile, ordenó la liquidación de dicho contrato a mediados de 2017, por incumplimiento del mismo y ordenó la devolución de los dineros pagados con sus respectivos intereses.
Sin embargo, este último proceso coactivo no ha tenido mayores resultados, pues hasta el
momento la Gobernación de Córdoba, ha recuperado $4.716 millones del valor de la póliza, que estaba establecida en un 10% del valor del contrato.
Por lo anterior, la Contraloría considera que no han sido efectivas las gestiones de cobro emprendidas por la Gobernación de Córdoba, hoy en cabeza de Sandra Patricia Devia.
La W Radio buscó reacciones por parte de la mandataria quien establece que “cuando yo llegué ya estaba el contrato liquidado y lo que hicimos fue cobrar las pólizas, se liquidó el contrato unilateralmente, están en reclamación los respectivos recursos pero la Contraloría tiene que abrir las indagaciones preliminares que correspondan para poder encontrar los presuntos responsables fiscales de manera individual”.
Así mismo sostiene que “en lo que corresponde a nuestra gestión hicimos lo que nos corresponde, la solicitud a la aseguradora para que devuelva los recursos que
corresponden al valor del detrimento patrimonial”.
