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Por presunta corrupción envían a la cárcel a funcionaria de la Gobernación de Córdoba

Se trata de Lilia Pineda, quien fue supervisora de un contrato que no se habría ejecutado en el gobierno del cuestionado Alejandro Lyons.

Ordenan arresto de presidente encargado de Avianca por desacatar fallo. Foto: Getty Images

Ordenan arresto de presidente encargado de Avianca por desacatar fallo. Foto: Getty Images(Thot)

A la cárcel fue enviada la funcionaria de la Gobernación de Córdoba,  Lilia Pineda, quien fue imputada por la Fiscalía de los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público en calidad de autora, peculado por apropiación (coautora) y contrato sin cumplimiento de  requisitos legales (coautora).

Lo anterior sería por la no ejecución de un contrato de más de 2 mil millones de pesos que buscaba brindar apoyo en la prevención de factores de riesgos a la población vulnerable en el año 2013.

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Para la época de los hechos, Lilia Pineda, fue la supervisora del contrato y según lo expuesto por el ente acusador, elaboró estudios previos y  emitió certificaciones de cumplimiento de dicho contrato sin que el mismo se ejecutara.

El Juzgado Primero Penal Municipal de Montería, consideró lo establecido por la Fiscalía en el sentido de una posible obstrucción a la justicia en el marco de este proceso debido a que Lilia Pineda, es nombrada en carrera administrativa hace más de 20 años (servidora pública).

Por este mismo caso, el ente investigador, solicitó medida intramural para Lina Pérez y Manuel Salas, por los presuntos delitos de peculado por apropiación en beneficio de terceros en calidad de cómplice y contrato sin cumplimiento de requisitos legales (coautoría).

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Sin embargo, la juez del caso les concedió la libertad al inferir que no representaban un peligro para la sociedad y que ambos actualmente no son servidores públicos.

La decisión fue apelada por la Fiscalía y estas personas continuarán vinculadas al proceso.

Otro de los vinculados es Edson Sánchez, quien fue el contratista y se allanó a los cargos imputados como peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento privado.

Por aceptar cargos, se le concedió el beneficio domiciliario en la diligencia judicial adelantada en horas de la tarde del 27 de mayo en el Palacio de Justicia de la ciudad de Montería.

Según lo establecido por fuentes a La W, por este caso habrían más capturas en el departamento de Córdoba.

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