Sigue la polémica en Tunja por controvertidos proyectos de vivienda

El Concejo de Tunja aprobó el proyecto por el cual se le autoriza al alcalde de la capital boyacense, Pablo Emilio Cepeda, un cupo de endeudamiento por $5000 millones para dar inicio a una solución a las familias afectadas por los controvertidos proyectos de vivienda de interés social Torres del Parque y Estancia del Roble. 

"Lo que se pretende hacer con esta plata y otros $5.000 millones para un total de $10.000 millones iniciar la solución del problema de estos dos proyectos siniestrados", explicó el secretario de Hacienda de Tunja, Rafael Rojas. 

La construcción que iniciaría en el mes de abril del próximo año se hará en los mismos lotes donde están Torres del Parque y Estancia de El Roble. Es decir, la administración municipal aspira a construir con estos recursos 160 soluciones de vivienda en los mismos lotes en donde están construidos los controvertidos proyectos.

Se precisó que se tiene determinados los beneficiarios a los cuales se les asignará las viviendas que son: las familias que inicialmente fueron desalojadas o evacuadas de las obras siniestradas, las familias que firmaron escrituras y las que tienen más riesgos. 

Rojas sostuvo que se sigue analizando por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Vivienda construir todo el proyecto de nuevo ya que según la alcaldía reforzar las torres que están construidas sería más costosa la inversión. 

"El Ministerio de Vivienda se comprometió a tramitar $43.000 millones para llegar a la solución de este problema que requiere un total de $100.000 millones", explicó. 

Por su parte Sonia Martínez, veedora de los proyectos, dijo que el empréstito o cupo de endeudamiento no favorecer a las 160 familias priorizadas porque se les va a desmejorar la obra. 

"Se va entregar en obra gris, se reduce el área de construcción, es decir quieren quitar una habitación y un baño", expresó Martínez. 

Omar Caro, quien también es veedor, dijo que es muy poco el valor  adelanto para solucionar el problema y cree que el Estado y la alcaldía buscan expropiarles a los beneficiarios un baño y una habitación.