Judicial

La respuesta de la Fiscalía a Noticias UNO

El noticiero aseguró que se ordenó un allanamiento a sus instalaciones.

Fiscalía General de la Nación / Colprensa

La Fiscalía informó que “es totalmente falso que se haya ordenado una diligencia de allanamiento a este medio de comunicación, por el contrario, se realizó una solicitud de información de una noticia que fue divulgada por el mismo noticiero y que hicieron pública en una de sus emisiones habituales. Es importante destacar que este tipo de solicitudes son normales y se han realizado a diferentes medios de comunicación, que por su actividad periodística pueden tener información valiosa y clave para los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, pero que además al divulgarse se convierte en pública.”

Según el ente acusador, el investigador del caso realizó tres solicitudes por escrito para que le fuera entregada una copia de la emisión del noticiero del 19 de octubre de 2013, fecha en la cual se publicó la información relacionada con la Empresa de Acueducto y que se requería para continuar con el proceso.

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La primera se realizó el 14 de octubre de este año, la segunda el 10 de noviembre y la tercera el 7 de diciembre pasado. Los hechos materia de investigación ocurrieron en 2013 cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá presentó una denuncia por información publicada por parte de Noticias Uno en una de sus emisiones, sobre una junta directiva que se realizó en dicha empresa.”

El caso había sido archivado, pero en el 2021 el apoderado de la empresa de acueducto solicitó el desarchivo de las diligencias y la fiscal del caso, después de realizar el análisis dispuso que así se realizara.

El ente acusador dijo que es importante destacar que es un deber constitucional de los ciudadanos y de las empresas privadas, entregar la información pública, como en este caso que se hizo pública al ser divulgada. Lo anterior está contemplado en la Ley de transparencia, ley 1712 de 2014 que establece que toda información en posesión bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal.

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