JEP admite a soldados por falsos positivos en La Popa bajo comandancia de dos coroneles

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de los soldados Joyber Yecith Ávila y Juan Carlos Soto Sepúlveda, condenados y procesados por ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa durante la comandancia del coronel Hernán Mejía Gutiérrez (2003) y el coronel Juan Carlos Figueroa (2005).

De acuerdo con la sentencia proferida en su contra por uno de los expedientes, participaron en la “legalización” del cuerpo de una víctima, que fue secuestrada en un retén por grupos paramilitares, asesinada y luego entregada al Ejército para ser presentada como combatiente del ELN muerto en una confrontación y contada en los resultados bajo la comandancia de Hernán Mejía.

“...un grupo de hombres armados e identificados con brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia “AUC”, hizo un retén en el sector corregimiento de Rio Seco Valledupar, obligando a las personas a bajar del vehículo en que se transportaban (...) al día siguiente el antes mencionado fue presentado por miembros del Ejército Nacional como dado de baja”, se lee en el fallo.

En el caso particular de Ávila, es además procesado por otra investigación derivada de otra ejecución extrajudicial ocurrida en zona rural de La Paz (Cesar), donde tres personas fueron asesinadas en 2005 y presentadas como guerrilleros del frente 41 de las Farc, cuando el coronel Figueroa estaba al mando del Batallón.

Al tratarse de uno de los batallones priorizados por la JEP, la Sala le ordenó a los comparecientes entregar un plan completo y exhaustivo de verdad sobre su participación en esos crímenes.

“...exponer las circunstancias de modo, tiempo y lugar como operaba dicho Grupo para la comisión de este tipo de actuaciones y qué tipo de beneficios, recompensas o incentivos recibirán por ello, especificando la forma como las víctimas eran seleccionadas, las órdenes que se daban para tal cometido, así como la autoridad de quien estas emanaban”, indica la determinación.

Los exmilitares continuarán en libertad, pero la JEP les advirtió que de no colaborar con el Sistema podrían perder los beneficios.