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Robos a la infraestructura tienen azotado al campo petrolero La Cira Infantas

Los constantes hurtos de los que es objeto el campo petrolero ubicado en Barrancabermeja, afectan la operación del mismo y ponen en riesgo el medio ambiente

Ecopetrol. Foto: Colprensa

Ecopetrol expuso su preocupación frente al ascenso en el número de robos que se vienen registrando en el campo petrolero La Cira Infantas que además de impactar la operación petrolera, impactan al medio ambiente y la tranquilidad de los vecinos a sus zonas de operación.

Según cifras de la estatal, mientras que en 2021 se contabilizaron un total de 94 hurtos, un 38% más que en 2020, en tan sólo cinco meses de 2022 los hurtos ascendieron a 54 casos, es decir más de la mitad de los ocurridos el año pasado.

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Ante el escenario, Ecopetrol expresó que “los pozos petroleros han sido los más afectados por la constante sustracción de elementos como cable, tubería, instrumentación, anclaje, motores y hasta transformadores, que en la mayoría de los casos ocasionan derrame de hidrocarburos con impacto a terrenos y cuerpos hídricos superficiales”.

Otros objetos que son constantemente robados son: puertas, parrillas, cercas, malla, postes y alambre de púa.

Igualmente, Ecopetrol aseguró que las personas dedicadas a este tipo de hurtos ponen en alto riesgo su vida, ya que manipulan áreas energizadas entre 480 a 14.400 voltios; en otras locaciones, donde se han incorporado algunas actualizaciones tecnológicas, los voltajes que pueden llegar a superficie cuando se cortan estos cables oscilan entre 2.000 y 3.000 voltios.

Como parte de la solución, la petrolera aseguró que puso en marcha un plan de acción con acompañamiento de las instituciones para reforzar la seguridad de su infraestructura en el corregimiento El Centro. Así las cosas, en durante el año pasado se capturaron 26 personas y en lo que va corrido de este año ya son 24 personas las retenidas.

Las personas capturadas deben responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles y receptación, con condenas entre ocho a 16 años de cárcel.

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