Asesinato de Berenice, la señalada “bruja” en Antioquia, llega a la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una investigación para determinar la presunta responsabilidad del Estado en la impunidad judicial por el homicidio de María Berenice Martínez, una mujer que fue asesinada en la vereda Loma de don Santos en Santa Bárbara (Antioquia) siendo acusada de ser una “bruja”.

De acuerdo con el expediente y la solicitud elevada por sus familiares, tras los señalamientos la mujer fue asesinada con cuchillos y calcinada completamente en la cocina de su finca, además el cadáver habría presentado signos de violencia sexual.

Inicialmente, y antes del homicidio, ya María Berenice Martínez había sido hostigada y obligada a salir de la vereda en 2004, luego de denunciar una supuesta malversación de fondos del vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda y a partir de allí ser señalada por el vicepresidente Álvaro Cardona como una “bruja”.

“...el 24 de agosto de 2011 entre cuarenta y cincuenta personas de la vereda fueron al domicilio de la presunta víctima armados con palos y machetes para “lincharla”. Frente a esta situación, señala el peticionario que la Policía logró impedir tales agresiones”, señala la decisión.

El caso llega al órgano internacional por petición de la familia de María Berenice, quien denunció que diez años después del homicidio las personas responsables de su asesinato no han sido judicializadas. Y, al contrario, quienes fueron procesados fueron absueltos en primera y segunda instancia.

“...el peticionario sostiene que el Estado es responsable internacionalmente por no prevenir, investigar y reparar el asesinato de la presunta víctima. Aduce que, si bien se ha condenado a una persona por el intento de homicidio del sobrino de la presunta víctima, a la fecha, no se ha sancionado a ningún integrante de las fuerzas de seguridad o funcionarios públicos”, indica el informe.

La CIDH admitió la investigación concluyendo que el estado colombiano no ha adoptado las acciones suficientes para investigar si los vecinos de Berenice, posibles sospechosos, tienen relación o no con el asesinato de la mujer.

“...dado que han transcurrido casi nueve años desde los hechos denunciados y que a la fecha no se habría realizado una investigación diligente que esclarezca la posible responsabilidad penal de distintas personas, la CIDH concluye, como lo ha hecho en otros casos, que aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos”, sentenció la Comisión.

Por su parte, el Estado había solicitado la no admisión del caso argumentando que la familia no habría acudido a la acción de reparación directa ni a la acción disciplinaria, y que se han realizado investigaciones penales.