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Socio de Centros Poblados integró Consorcio de la Circunvalar de Barranquilla

La organización fue uno de los cinco contratistas encargados de la construcción de la Circunvalar de Barranquilla.

El mal estado de la carretera afecta el paso de los vehículos en la zona. Foto: W Radio.

El mal estado de la carretera afecta el paso de los vehículos en la zona. Foto: W Radio.

Veedores ciudadanos denunciaron la participación de la entidad dentro del grupo de contratistas que integran el consorcio a cargo de la “construcción y/o ampliación de la vía Circunvalar entre carrera 38 y la carrera 12A y ampliación y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla”, según el contrato de obra pública No. ADI 0358/2018.

El documento, firmado en 2018 por un valor superior a los $60 mil millones de pesos y que posteriormente tuvo una adición de casi $10 mil millones más, se celebró entre la Agencia Distrital de Infraestructura-ADI y el Consorcio Avenida Circunvalar.

Este último, integrado por: BF Construye S.A.S con un 25% de participación, BETCON Ingeniería con otro 25%, Edgardo Navarro Vives con 25%, Soluciones de Infraestructura y Logística S.A.S- SIL SOLUCIONES S.A.S con 19% y finalmente INTEC DE LA COSTA S.A.S con un 6%, que también contó con el 15% de la participación de la Unión Temporal Centros Poblados.

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La situación que se hizo conocida por las denuncias del veedor ciudadano Pablo Pachón, se suman a las ya cuestionadas demoras y prórrogas en las obras de una de las vías más importantes de la capital del Atlántico.

De acuerdo con la información que se elevó en medio del escándalo provocado por Centros Poblados, se conoció que a finales de 2020, INTEC DE LA COSTA S.A.S tenía las cuentas embargadas por un juzgado.

En lo que tiene que ver con ese proceso, en los últimos meses se anunció que, Otomar Lascarro, propietario de Omega Buildings e Intec de la Costa (ambas incluídas en el caso del MinTic), fue imputado junto con Luis Fernando Duque y Juan José Laverde ante la juez 81 de control de garantías de Bogotá, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación.

Según el fiscal del caso, se presentaron a Emilio Tapia “las empresas Omega Buildings e Intec, de propiedad de Lascarro pero manejadas a través de terceros, para cumplir con los requisitos exigidos en la licitación, sin que estas empresas tuvieran participación real en el contrato, a cambio de una remuneración de $4 mil millones”.

Por otro lado, la Contraloría General de la República vinculó a la entidad en 2021 a un proceso de responsabilidad fiscal por la construcción de un puente en el departamento de Sucre, por más de $1.300 millones de pesos.

Sobre las obras en la avenida Circunvalar de Barranquilla, información de la Agencia Distrital de Infraestructura-ADI reveló que el avance físico de la construcción es de un 40% y han sido 8 las prórrogas durante más de 4 años.

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