Judicial

Consejo de Estado ordena proteger el medio ambiente con reordenamiento minero

El Consejo de Estado ordena realizar un reordenamiento minero para que garantice la protección del medio ambiente.

Imagen de referencia del Consejo de Estado. Foto: Colprensa.(Colprensa)

La orden que va dirigida al Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Minería (ANM) dice que deberán corregir el déficit de protección al medio ambiente que se evidencia en el ordenamiento minero-ambiental para el otorgamiento de títulos mineros.

Según el Alto Tribunal, en el país hay áreas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) que deberían estar catalogadas como zonas de exclusión o de restricción minera, pero que no lo están. Por lo que se debe hacer una completa delimitación de parte del Gobierno para así evitar que un título minero se entregue sobre un área que no está permitida.

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La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción popular, presentaron ocho organizaciones sociales y 30 ciudadanos, tras considerar que el procedimiento de evaluación de propuestas y fiscalización de los títulos mineros, efectuado a través del catastro minero a partir del 2 de julio del 2013, presentaba una serie de fragilidades que podrían afectar de forma irreversible el medio ambiente.

La acción fue resuelta, en primera instancia, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2018, por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de amparar parcialmente los derechos invocados.

En consecuencia, el Tribunal ordenó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) suspender la recepción de títulos a través del catastro minero, hasta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitara todas las áreas de conservación de los recursos naturales del país en el término de tres años.

Además, ordenó a las entidades demandadas que verificaran todos los títulos otorgados a nivel nacional y que adoptaran los respectivos correctivos, para que los títulos cumplieran con las exigencias legales en el término de dos años.

Después de esta decisión, los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) apelaron la sentencia, bajo los siguientes argumentos:

“(i) el medio de control interpuesto no era procedente; (ii) las demandantes no demostraron la amenaza o transgresión de esos derechos colectivos, (iii) las entidades demandadas no son responsables de dicha transgresión o amenaza, (iv) no era procedente resolver el caso a la luz del principio de precaución y (v) las órdenes de amparo proferidas en el fallo de primera instancia eran impertinentes, insuficientes y desproporcionales”.

El Consejo de Estado no accedió a esta solicitud y ratificó el amparo a los derechos colectivos que fueron invocados en la demanda. La sala concluyó que la transgresión y amenaza a tales derechos se originaba en:

“(i) la forma en que el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería estaban aplicando los artículos 34 y 36 del Código de Minas; (ii) en los insuficientes parámetros ambientales que se verifican durante el trámite de evaluación de las propuestas de titulación minera; (iii) en los títulos mineros concedidos en áreas protegidas que debían ser objeto de exclusión o restricción por lo dispuesto en las sentencias C-339 de 2002 y C-443 de 2009; (iv) en que las “reservas de recursos naturales de manera temporal” no protegieron todos los ecosistemas estratégicos del país, (v) en las debilidades actuales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; vi) en los problemas de desarticulación institucional; (vii) en las debilidades en la gestión de la información y el uso de la tecnología; (vii) en los problemas de planeación minero-ambiental y (ix) en el déficit normativo”, dice la decisión.

A través de las redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este fallo, “la Justicia le dio la razón al senador Iván Cepeda. Un hito histórico para la justicia ambiental. Ministerio de Minas y Medio ambiente debe entrar a trabajar de inmediato: Cesa la exploración y explotación minera en las zonas ambientales estratégicas”.

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