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JEP: Masacre paramilitar en Puerto Patiño llega a la JEP por cuenta de un coronel

En la decisión conocida por La W, se ordenó continuar con el sometimiento del excomandante de la base militar en Aguachica en 1995, coronel Jorge Alberto Lázaro, y le solicitaron entregar su plan de verdad.

Imagen de referencia de las Autodefensas Unidad de Colombia.  (Photo credit should read FREDY AMARILES/AFP via Getty Images)

Imagen de referencia de las Autodefensas Unidad de Colombia. (Photo credit should read FREDY AMARILES/AFP via Getty Images) / FREDY AMARILES

La W conoció que el caso por la recordada masacre de Puerto Patiño ocurrida en zona rural del municipio de Aguachica (Cesar) aterrizó en la JEP por cuenta de la decisión que avaló continuar el sometimiento del coronel (r) Jorge Alberto Lázaro, procesado por esa matanza perpetrada por las Autodefensas en 1995.

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En la decisión conocida por W Radio, se ordenó que el coronel en retiro presente el formato de aportación de información y finiquite su plan de aporte a la verdad en el que deberá detallar distintos puntos de interés para la jurisdicción en el departamento del Cesar.

Por ejemplo, dentro de los puntos que el exoficial en retiro tendrá que aclarar se encuentra si aceptará o no responsabilidad por los hechos que le han endilgado de cara a la matanza por supuesta complicidad con los “paras”, así como develar los nexos que conozca de integrantes de la Fuerza Pública y de otras instancias del estado con paramilitares.

“Este documento además de contener su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y a la no repetición, debe comprender todas las conductas en que hubiera participado por causa o con ocasión del conflicto armado, de las que tenga conocimiento o haya tenido conocimiento la Fiscalía General de la Nación”, sentenció la jurisdicción.

La JEP advirtió al coronel en retiro que el no cumplimiento de lo ordenado y no honrar que su sometimiento es integral y representa un compromiso completo con los derechos de las víctimas podría causar la pérdida de los distintos beneficios como la suspensión de la orden de captura en su contra y “entre los que se encuentra el ingreso a esta jurisdicción”.

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