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Caso Mayorquín: Váquiro no pagó $63 millones de seguridad social por contratos

La Contraloría determinó que la esposa del ex asesor de María Paula Correa, jefa de gabinete del expresidente Iván Duque, tuvo 27 contratos por 1.223 millones entre 2019 y 2021.

Andrés Mayorquín y Karen Váquiro. Foto: Colprensa

Andrés Mayorquín y Karen Váquiro. Foto: Colprensa

Colombia

La W conoció en primicia que la Contraloría General de la República realizó una actuación especial de fiscalización en la que determinó que Karen Váquiro, esposa de Andrés Mayoquín, exasesor de María Paula Correa, jefa de gabinete del expresidente Iván Duque, no pagó 63 millones de pesos de aportes de seguridad social por los 27 contratos que realizó con el Gobierno entre 2019 y 2021.

“Teniendo en cuenta el valor presuntamente dejado de pagar al sistema se Seguridad Social, se remite a la Delegada de Ivestigaciiones, solicitando el inicio de una indagación preliminar”, se lee en el informe.

El informe evidencia que en solo tres años a Váquiro le adjudicaron 27 contratos de prestación de servicios con 15 entidades del Gobierno Nacional y 4 de orden territorial por 1.223 millones de pesos, que estaban enfocados al seguimiento de los proyectos de las entidades contratantes en la agenda legislativa del Congreso.

El caso de Karen Váquiro y Andrés Mayorquín:

Algunas de las entidades en las que tuvo contratos fue la Agencia de Desarrollo Rural (tres por $123 millones), el Congreso de la República (dos por $45 millones), el Departamento Administrativo de Presidencia (dos por $98 millones), Icetex (dos por $120 millones), entre otras entidades, por las cuales tenía que pagar $112 millones y reportó un pago de $48 millones, y no informó a cada entidad sobre sus contratos adicionales.

Ante eso, el ente de control le pidió a la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP) que haga el seguimiento y, si es el caso, le cobren a Váquiro esa suma que debe.

De otro lado, tras el escándalo de contratos que salió a la luz pública en enero de este año que advertía de presuntas inconsistencias en la acreditación de la experiencia académica y profesional, el ente de control aseveró que sí cumplió con la formación y experiencia solicitada para los cargos.

Además, determinó que no hay ninguna irregularidad en que usara el membrete de Link Consultores (empresa de la que es representante legal) en los informes que entregó a esas entidades, pues los firmó como persona natural y no jurídica.

También se lee que “los objetos de los contratos celebrados por las mencionadas entidades, se encontraban enfocados en actividades de apoyo a labores de seguimiento a planes, programas y proyectos relacionados con las Entidades contratantes en la agenda legislativa del Congreso de la República; por tanto, es factible que los textos y el desarrollo de los mencionados entregables contengan aspectos similares o iguales, además teniendo en cuenta que las entidades involucradas en la contratación pueden estar en sectores y subsectores similares conforme al alcance de la mencionada agenda legislativa”.

Continúa el documento: “Sin embargo, cada informe presentado por la contratista se encuentra enmarcado dentro de su objeto contractual y sus obligaciones, contando además con la aprobación del supervisor, materializada mediante el certificado de cumplimiento, el cual expresa su validez, autenticidad y conformidad con el producto”.

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