¿Sobrevivieron los ‘micos’ en la Ley de Paz Total? Dura controversia entre senadores

Aunque el Gobierno había anunciado que los llamados ‘micos’ advertidos por algunos congresistas serían retirados del proyecto para garantizar celeridad en la discusión de la iniciativa clave para la ‘paz total’, el articulado definitivo consignado en la Ley 2272 del 4 de noviembre de 2022, que prorrogó la Ley 418 de 1997, dejaría la puerta abierta a preocupaciones de la oposición.

El artículo 8 de esta ley especifica que “los términos de sometimiento a la justicia a los que se lleguen con estas estructuras (armadas y organizadas) serán los que a juicio del Gobierno Nacional en necesario para pacificar los territorios y lograr su sometimiento a la justicia. El cumplimento de los términos de sometimientos la justicia será verificado por las instancias nacional o internacionales que para el efecto se designen”.

El senador Ariel Ávila, ponente de la Ley de Paz Total, y Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático hablaron en Sigue La W sobre los supuestos ‘micos’ de la ley y explicaron qué fue lo que quedó redactado finalmente en la ponencia.

En principio, la senadora Valencia recalcó que la redacción es bastante compleja porque vuelve a dejar en entredicho el sometimiento que tiene que tramitarse bajo una ley.

“El sometimiento tiene que discutirse en un Congreso y no bajo decisión del Gobierno Nacional, porque uno no puede tener un Gobierno que vaya decidiendo qué Ley le va a aplicar a un grupo de acuerdo a su criterio”, dijo.

Asimismo, confirmó que el artículo tiene que ser demandado para que la Corte Constitucional lo declare inconstitucional y para que el Gobierno tenga que aplicar la Ley que expidió el Congreso con las limitaciones, entre ellas, los acuerdos internacionales.

“Hay que recordar que el Gobierno colombiano, así quiera, no puede declarar impunidad, porque lo que terminaría pasando es que se abren las puertas para la Corte Penal Internacional”, explicó.

Por su parte, el senador Ávila dijo que el parágrafo que había sobre facultades al presidente, se retiró en convenio con varios partidos políticos.

Además, apuntó que “la ley de orden público es una ley que faculta al ejecutivo y al Gobierno Nacional a entablar diálogos en el proceso de sometimiento”.

Sin embargo dijo que lo que a juicio del Gobierno crea que son los términos de sometimiento, se va a hacer, pero si tiene que entrar a un cambio o modificación, “eso entra nuevamente por el Congreso de la República”.

“Aquí no estamos diciendo que el presidente va a tomar la decisión, eso no se está diciendo, en la medida en el que es el ejecutivo quien lleva la conversación, pues el ejecutivo decide cuáles son los términos (...) Nadie está hablando de impunidad, en el texto no dice ni una sola vez la palabra impunidad, es una ley que le permite adelantar las negociaciones”, agregó.

En este sentido, explica que lo que se busca con este parágrafo es que no haya múltiples voces para negociar “porque esto va a demorar más los procesos”.

La senadora del Centro Democrático respondió y dijo “estoy de acuerdo con lo que dice Ariel, pero eso no es lo que dice la ley infortunadamente, yo creo que esa ley tiene un problema de redacción bastante farragosa”.

Con respecto a la Primera Línea, Valencia comentó que esta ley quedó tan abierta que no dice que tienen que ser integrantes de los grupos,.

“No puede ser que quieran liberar a los de primera línea para una negociación con lo del ELN, es un proceso que ya quedó en la ambigüedad”, agregó.

Ante esto Ariel Ávila anunció que seguramente, en las próximas semanas, el presidente Gustavo Petro nombrará al equipo negociador del ELN y los que vayan al sometimiento de la justicia: “me imagino yo”.

Además, y en referencia al tema de la Primera Línea, indicó “que yo sepa, la Primera Línea no es ningún grupo terrorista”.

Finalmente explicó que el servicio social para la paz es un servicio que no elimina al servicio militar obligatorio que va a ayudar a muchos jóvenes.

Escuche la entrevista aquí: