Hermanos Moreno y Lyons podrían ser elegidos con reforma política: Procuraduría

La W tuvo conocimiento del informe que presentará la Procuraduría General de la Nación con los argumentos que alegan la inconstitucionalidad al artículo primero de la Reforma Política.

Y se trata de todos los casos e investigaciones disciplinarias que prescribirían, además de argumentar que sería contrario a la constitución como en repetidas ocasiones lo ha manifestado Margarita Cabello.

Estamos hablando de 7.749 servidores públicos que actualmente son, o fueron electos por voto popular. De los cuales hay:

Algunos casos que podrían prescribir:

Dentro de los procesos de trascendencia nacional está el juicio disciplinario contra Alejandro Lyons Musks, exgobernador de Córdoba, por su participación en el denominado ‘Cartel de la Toga’.

El juicio disciplinario contra Everth Julio Hawkins Sjogreen, gobernador de San Andrés, por adquisición de elementos para el combate del COVID-19 con desconocimiento de los principios de la contratación estatal.

Juicio disciplinario contra Gorky Muñoz Calderón, alcalde de Neiva, por contratación de elementos para el combate del COVID-19 con desconocimiento de los principios de la contratación estatal.

Juicio disciplinario contra Álvaro Arley León Flórez, gobernador de Vichada, por contratar con persona que se encontraba inhabilitada por haber sido aportante de su campaña.

Y de alcaldes que aún están gobernado como el de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, por adquirir de forma irregular “pruebas rápidas” para la detección del COVID 19, entre otras 33 investigaciones que tiene abiertas en el ministerio Público.

Investigación disciplinaria contra Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, por participación en política.

Ahora, hay otra cifra relevante y es que de esos 7.749 servidores de elección popular que son investigados, concretamente, en 9.704, son actuaciones disciplinarias, 1.009 actuaciones prescribirían de no ser atendidas en el término de 1 año.

Y además que hay 709 sanciones de inhabilidad vigentes para acceder a cargos públicos, impuestas en contra de servidores de elección popular.

Dichos funcionarios en caso de que la Procuraduría pierda su competencia de inhabilitar podrían posiblemente acogerse al principio de favorabilidad.

Entre las que podemos resaltar a:

Bernardo Miguel Elías Vidal, excongresista inhabilitado por actos de corrupción relacionados con la constructora Norberto Odebrecht, aunque hacemos la salvedad que ya el Consejo de Estado en algunos de esos casos decretó la muerte política y ahí no aplicaría, entre otros casos están:

Edwin José Besaile Fayad y Alejandro Lyons Musks, exgobernadores de Córdoba inhabilitados por corrupción relacionada con el denominado ‘Cartel de la Hemofilia’.

Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, inhabilitado por participación en política.

Samuel e Iván Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, inhabilitado por corrupción relacionada con el denominado “Carrusel de la Contratación”.

Exrepresentantes a la Cámara, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca y Édgar Eulises Torres Murillo, inhabilitados por promover y auspiciar grupos paramilitares en Chocó.

Eduardo Pulgar Daza, exsenador inhabilitado por ofrecer dinero a un Juez de la República en aras de obtener una decisión favorable.

Casos de alcaldes que son investigados actualmente por el ente de control son los siguientes:

Y son 13 los congresistas en ejercicio del cargo con investigaciones activas en la Procuraduría: