JEP admite a cuatro militares del Gaula Tolima como comparecientes
Los uniformados aportarán información de hechos por falsos positivos entre 2006 y 2008.
JEP: Foto JEP / Chepa Beltran
La Jurisdicción Especial de Paz admitió en sometimiento como comparecientes a cuatro uniformados que estaban adscritos al gaula militar en el departamento del Tolima, para que aporten a la verdad por hechos investigados de falsos positivos entre los años 2006 a 2008.
“Los cuatro exagentes de la fuerza pública sometidos a la JEP estarían involucrados en, al menos, 14 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento del Tolima, indagaciones que apuntan a qué por los menos tres de ellos tendrían relación directa con los homicidios.
Según advierten las investigaciones de las autoridades, los procesados habrían ejecutado los crímenes en cooperación con otras entidadades de seguridad del gobierno, “La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encontró un modo de operar similar y coordinado con el extinto DAS y otras unidades de inteligencia del Ejército Nacional”.
Los admitidos cómo comparecientes son: el mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo, al teniente (r) William Eduardo López Pico, al sargento primero (r) Carlos Arturo Malte Pérez y al soldado profesional (r) Duberney Lugo, antiguos miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar Tolima), adscrito a la Sexta Brigada.
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Involucrados en los homicidios de: Carlos Augusto Villanueva Arcila, Hernando de Jesús Pérez Patiño, Cristian Camilo Rojas Morales, Heliodoro Parada Urueña, Alexander Jaramillo Quitora, Armel Ramírez Lozano, Jeison Méndez Zorro, Rubén Fernando Sánchez Morales, Dorancé Enciso Molina, Marco Antonio Quiroga, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, Jesús Alirio Lloreda Machado, Alexander Jiménez Gallego y Luis Alfonso Jiménez Gallego. Todos, protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), por ser defensores de derechos humanos, líderes sociales o trabajadores sindicalizados.
Finalmente la JEP notificó a los comparecientes para que a través de su defensa jurídica reajusten sus propuestas de aporte de verdad y reparación, pues las presentadas no satisfacen los derechos de las víctimas, esto al conocerse que los uniformados plantaron armas, prendas de vestir, documentos, y otros elementos alusivos a grupos de subversión en los lugares donde reportaban el hallazgo de los cuerpos.
