Dos años del estallido social: las propuestas para una reforma a la Policía

Se cumplen dos años de uno de los estallidos sociales más grandes en la historia reciente de Colombia, que dejó un saldo de 89 personas muertas y cerca de 2.000 heridos en varias regiones del país.

En medio de la conmemoración de esta fecha, desde las organizaciones sociales se está insistiendo en la necesidad de hacer una reforma urgente a la Policía Nacional basada en las garantías y protección a los derechos de quienes quieran manifestarse.

En diálogo con Sigue La W, Juan Sebastián Hernández, investigador de la organización jurídica DeJusticia, aseguró que desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro las iniciativas orientadas a una reforma a la Policía Nacional han quedado un poco olvidadas.

Por eso, asegura, no ha habido esfuerzos para aplicar una reforma estructural de la Policía Nacional que enfrente los problemas detectados en paro nacional como el uso desproporcionado de la fuerza, los homicidios, los heridos y el uso irregular de armamento.

Ante esto, desde su colectivo, Hernández aseguró que se han articulado una serie de propuestas en torno a varios puntos clave a partir de peticiones mínimas.

En primer lugar, sugieren que la Policía Nacional debe ser desmilitarizada y su doctrina necesita ser reemplazada para que sea un cuerpo civil.

Así mismo, proponen un reajuste en las funciones de la Policía Nacional para aplicar un nuevo modelo policial centrado en la garantía de derechos y no solamente en la garantía de seguridad, que es el modelo de vigilancia que opera en la actualidad.

Tercero, dice Hernández, se señala la necesidad de reformar la carrera policial desde la formación, con el propósito de que los ascensos sean meritocráticos.

En un cuarto punto, se busca regular el uso de la fuerza por parte de los uniformados y en una quinta instancia, se propone poner en marcha una serie de mecanismos efectivos de control a la actividad policial, debido al problema de impunidad que existe en el momento.

Respecto a ese quinto punto, señala el investigador, datos de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación señalan que poco menos del 1.3% de casos de violencia policial se encuentran en investigación y que solo el 0.7% de los casos han sido fallados.

En sexto y último lugar, DeJusticia propone la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas de violencia policial, orientado hacia la reparación.

¿Qué pasó con el desmonte del ESMAD?

Por otro lado, July Henríquez, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), también se refirió al poco avance en la iniciativa de reformar la Policía Nacional.

Henríquez mencionó en particular la propuesta de desmontar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y aseguró que, a pesar de que se habló de intervenir a esa agencia policial en el marco del paro de 2021, no ha pasado nada hasta la fecha.

“Vemos con preocupación que no hay avances significativos en el desmonte de este escuadrón”, afirmó.

También aseguró que lo que busca la propuesta es transformar este cuerpo con uno nuevo e, incluso, asignarle otro nombre. Sin embargo, consideró que “no hay un avance significativo de cambio ni de control al porte de armas”.

La abogada consideró preocupante este hecho, teniendo en cuenta que la resolución 1091 recientemente expidió un manual de atención y control de disturbios que “no es diferente a lo que hace la Policía”.