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Cámara aprueba Plan de Desarrollo de Petro: sólo falta conciliación con el Senado

En la madrugada de este viernes el proyecto quedaría aprobado en su totalidad y pasaría a la firma del presidente de la República.

Imagen de referencia del Congreso de la República. Foto: Colprensa.

Imagen de referencia del Congreso de la República. Foto: Colprensa.

Es cuestión de horas para que el Congreso de la República apruebe en su totalidad el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, del Gobierno de Gustavo Petro.

Después de prologadas jornadas de trabajo, la Cámara de Representantes aprobó con 120 votos a favor y 12 en contra el texto de último debate con varios cambios importantes que tendrán que ser conciliados con el Senado, donde ya se dio luz verde al texto.

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Aunque desde la coalición de Gobierno intentaron acoger íntegramente lo aprobado por el Senado para ahorrar tiempo y evitar la conciliación, al final se impusieron quienes pedían que la Cámara diera su propio debate para hacer ajustes e incluir sus propias propuestas en esta, que es la hoja de ruta del actual Gobierno.

Se dio luz verde a temas como el giro directo a las IPS, también se disminuye del 12 al 10% el pago de salud que deben hacer personas pensionadas con hasta 3 salarios mínimos, la excelencia académica como uno de los criterios para la condonación de créditos del Icetex, la política de vendedores informales,

También se permitieron las Asociaciones Público Populares y los sistemas dinámicos de adquisición, a través de los artículos 91, 92 y 356. Sin embargo, el representante Cristian Avendaño, de Alianza Verde, aseguró que sí bien benefician a economías populares y comunitarias, “es una puerta que se le puede abrir a los mega contratistas, contratistas corruptos y a las mafias, para que se disfracen de economía popular y puedan contratar de manera directa con el Estado”.

La Cámara y el Senado avalaron también el artículo 55 que incluye mecanismos para “facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria y que señala, entre otras cosas, que establece el mecanismo para la identificación, priorización y compra de predios para la Reforma Rural Integral. Se establece que la Agencia Nacional de Tierras identificará “predios idóneos para la reforma”, a los cuales se aplicará la compra voluntaria.

Si el dueño no vende, la ANT revisará el uso que se da al predio y se aplicaría entonces enajenación “de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y excedan la extensión de la Unidad Agrícola Familiar, UAF”. Si el propietario no accede, entonces le aplicarán “los procedimientos agrarios a los que haya lugar”, algo que para congresistas como Wadith Manzur, del Partido Conservador, “es una injusticia” que podría terminar afectando gravemente a los ganaderos y agricultores colombianos.

El artículo 370, que permitirá financiar el metro subterráneo, específicamente para soterrar la primera línea como ha propuesto el presidente Gustavo Petro, se aprobó, pese a que varios representantes pidieron reabrir la votación.

El artículo 8, que fue hundido en el Senado, se salvó en Cámara, pero con una proposición de la representante Katherine Miranda en la que se establece que las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, que se empezarían a implementar, no tendrían fuerza de ley y no se podrían tocar la extradición, cambiar a la Policía de ministerio ni tampoco modificar el procedimiento de la elección de fiscal general de la Nación.

No se aprobó el artículo 130 que según la oposición obligaría a los operadores móviles a ceder el uso del espectro por el que ya han pagado, causando inestabilidad jurídica y demandas al Estado, conforme a lo denunciado entre otros por el senador David Luna, de Cambio Radical.

Se hundieron además la política nacional de derechos sexuales, el que estaba relacionado con Ecopetrol y la prestación de servicio de energía eléctrica domiciliaria, las facultades extraordinarias para la institucionalidad del sector ambiente y desarrollo sostenible, los cambios a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la creación de la Agencia de Seguridad Digital.

El proyecto va ahora a conciliación y, posteriormente, a sanción presidencial.

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