Millonaria imputación fiscal contra dos EPS por irregularidades en atención en San Andrés

La Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por $202.767 millones contra dos EPS, una IPS, tres Uniones Temporales prestadoras de servicios y tres exgobernadores de San Andrés por irregularidades en la atención de los usuarios.

Y es que por ejemplo las EPS le solicitaron a la Adres más de 90.000 millones que no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios en las Islas.

Además, las EPS giraron a las Uniones Temporales prestadoras de servicios cerca de 3.000 millones que tampoco se vieron representados en prestación de servicios de salud durante esas vigencias.

Otra de las inconsistencias que encontraron es que pagaron más de $87 mil millones a la IPS pública, que no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud.

“Así mismo la Contraloría General de la República advirtió que se giraron $16.293.645.185, por concepto de subsidio de la oferta en salud cuando la operación en el archipiélago no era deficitaria”, señaló el ente de control.

Entre tanto, la Gobernación de San Andrés suscribió un contrato de consulta médica teleasistida con una IPS privada, cuando dichos servicios estaban contenidos dentro del contrato interadministrativo, constituyéndose en una contratación paralela por $633.611.856.