Judicial

JEP pide investigar al exgobernador Helí Cala López por homicidio paramilitar

Según el exdetective Álvaro Rojas, Helí Cala ordenó asesinar a un hombre acusado de extorsión. En la decisión conocida por La W, además se compulsó copias contra el exdirector del DAS en el municipio de Trinidad.

Imagen de referencia de paramilitares. Foto: Rodrigo Arangua / AFP vía Getty Images

La W conoció el documento de 62 hojas proferido por la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que compulsó copias y pidió a la Fiscalía investigar al exgobernador de Casanare y exrepresentante a la Cámara, Helí Cala López, por el homicidio de un hombre en alianza con el DAS y los paramilitares del Bloque Centauros de alias “Otoniel”.

“...determine si procede abrir investigación penal en contra del ex gobernador del Casanare Heli Cala López y los agentes del extinto DAS Héctor Goyeneche Rodríguez y Dumar Cendales Niño por su eventual participación en el homicidio de ARMANDO HERNÁNDEZ CHAQUEA, según lo narrado por el señor ÁLVARO FRANCISCO ROJAS MANJARRÉS en la diligencia de aporte temprano a la verdad” señaló la magistratura.

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El crimen se remonta al 2005, donde de acuerdo con el testimonio del exdetective del DAS Álvaro Francisco Rojas (quien acaba de ser aceptado en la JEP), el exgobernador Helí Cala López acordó el homicidio de la víctima con el director del DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar; lo anterior, porque supuestamente estaría detrás de extorsiones que estaba padeciendo.

“ROJAS MANJARRÉS manifestó que Orlando Rivas Tovar y el exgobernador le pidieron que participara en el homicidio del señor HERNÁNDEZ CHAQUEA, el cual fue perpetrado entre integrantes del DAS Casanare y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)” señaló la jurisdicción citando a Rojas.

Según el exdetective del DAS y confeso participante en el homicidio que enloda al exgobernador y exrepresentante a la cámara, su labor fue recoger al paramilitar que perpetró el asesinato en el marco de la supuesta “limpieza social” y sacarlo de la escena del crimen en un vehículo del DAS como, asegura, se lo ordenó Orlando Rivas Tovar.

“Señaló que un integrante del Bloque Centauros de las AUC, José Luis Mesa Franco, fue el encargado de ejecutar el asesinato, persona que fue designada por Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” para cometer el crimen, tras la reunión que este último habría sostenido con Orlando Rivas Tovar” trajo a colación la jurisdicción.

Adicionalmente, frente al asesinato de la persona en mención la compulsa de copias no se limitó al exgobernador Helí Cala López, sino que también involucra al exdirector del DAS en Trinidad Héctor Goyeneche y al exdetective Dumar Cendales Niño quienes fueron involucrados por el exdetective Rojas en el asesinato (Rojas admitió que incluso fue premiado con la medalla Ramón Nonato Pérez por tal “operación”).

Por otra parte, el exdetective Álvaro Rojas además reconoció su participación en seis falsos positivos cometidos por el Gaula Casanare bajo la comandancia del coronel Wilson Camargo (crímenes por los que según la JEP no era investigado).

“...el solicitante manifestó que, en operaciones militares conjuntas con el Gaula Militar, disparó su arma de dotación en contra de las víctimas, instaló el kit de legalización (armas y municiones) a los cadáveres, el cual era entregado por el mayor Wilson Camargo Tamayo, y presentó los informes para reportar las supuestas bajas en combate y legalizar el procedimiento” señaló la magistratura.

En los homicidios, de hecho habló de la participación incluso de un fiscal, Rodolfo Leal Galindo en el encubrimiento de los hechos.

Tales confesiones no impidieron que la JEP autorizara la captura de Rojas al señalar que la sentencia en su contra por el crimen en el que fue salpicado el exgobernador López no se encuentra en firme y su participación no fue como integrante de la Fuerza Pública.

Finalmente, también le negaron la libertad condicionada al constatar que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, por lo cual le hicieron un llamado a regularizar su situación legal para posteriormente solicitar el otorgamiento de beneficios.