Caso Roberto Prieto: ¿sanciones de la Procuraduría podrían ser investigadas por Fiscalía?

El pasado 5 de junio, después de haberse probado varias irregularidades en la información entregada durante la campaña presidencial de Juan Manuel Santos 2014-2018, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 12 años al exgerente de esa campaña, José Roberto Prieto Uribe.

Adicional a la inhabilidad para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, Prieto Uribe fue multado con $50.5 millones debido a las falsedades entregadas en el informe de ingresos y gastos de la campaña entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE).

A la luz de estos nuevos hechos, La W conversó con el exfiscal Alfonso Gómez Méndez sobre si la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de estas imputaciones de la Procuraduría, podría o no proceder a investigar y analizar esos delitos.

En primer lugar, Gómez Méndez admitió no conocer los detalles sobre cuál fue el fundamento de la Procuraduría para adoptar esa decisión, así como tampoco sabe si en ese caso Prieto era funcionario público o particular.

“La Procuraduría debe tener sus razones (…) si eso es así, si hay elementos y decisiones disciplinarias que puedan tener incidencia penal, seguramente se abrirá investigación (en la Fiscalía)”, afirmó el exfiscal.

Adicional a eso, más allá de la sanción impuesta contra Prieto, el exfiscal mencionó que “cada vez queda más claro que después de la Constitución del 91, la Procuraduría mantiene la facultad de investigar y sancionar incluso a funcionarios de elección popular”.

No obstante, reiteró en que sería necesario mirar en detalle la decisión para determinar si se refiere a hechos cometidos por Prieto como funcionario público o a hechos posteriores: “no me atrevo a emitir opinión hasta que no conozca el contenido de la decisión”.

Finalmente, sobre los recientes escándalos que han rodeado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Gómez Méndez afirmó que estos episodios “sirven para replantear si la estructura constitucional es útil para resolver una crisis como esta y si realmente el principio de responsabilidad política dejó de existir o nunca existió en Colombia”.

Escuche la entrevista al exfiscal Alfonso Gómez Méndez en La W:

La sanción contra Roberto Prieto

En el informe de ingresos y gastos de la campaña entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Prieto aseguró que no se recibieron contribuciones o donaciones de particulares ni ayudas en especie, presentando este rubro contable en ceros.

Sin embargo, en la investigación del Ministerio Público se logró probar que la campaña recibió donaciones de la constructora Odebrecht.

De esta forma, la Procuraduría pudo determinar que la constructora contrató con la firma Paddington Ventures Límited Corp los estudios de opinión de naturaleza electoral por un millón de dólares (US$ 1.000.000). Dichos estudios se realizaron durante seis meses de 2014 y su objeto era hacer seguimiento a la evolución de imagen y el estado perceptual frente a la opinión pública de los posibles candidatos presidenciales de Colombia.

Otra de las pruebas tenidas en cuenta para este fallo de primera instancia fueron las diferentes declaraciones entregadas por el representante de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, a Procuraduría y Fiscalía, quien señaló los financiamientos a favor de la campaña del expresidente Santos.

La Procuraduría determinó: “De la formulación de la propuesta del señor Luis Peña (representante de la firma Paddington Ventures Límited Corp) entendió que la empresa Odebrecht estaba siendo requerida por la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos para financiar un estudio de opinión cuyos resultados indicaran la evaluación de diferentes escenarios con los candidatos presidenciales”.

Aunque Martorelli aseguró en dichas declaraciones no tener certeza sobre el destino final del estudio entregado por la empresa de marketing político, la Procuraduría logró probar que estos estaban dirigidos específicamente a la campaña Juan Manuel Santos presidente 2014-2018.