Claudia López visitó predios de La Picota para construcción de la segunda cárcel Distrital

La visita se hizo en el marco de la inspección judicial que adelanta el magistrado Ibáñez, presidente de la Sala de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario.

Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, La Picota. Foto archivo: Álvaro Tavera/Colprensa

Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, La Picota. Foto archivo: Álvaro Tavera/Colprensa

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en compañía del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, visitaron los predios de la cárcel La Picota, donde se construirá la segunda Cárcel Distrital.

La visita se hizo en el marco de la inspección judicial que adelanta el magistrado Ibáñez, presidente de la Sala de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario, a las cárceles El Buen Pastor, La Picota y Distrital, y el lote para la ampliación de este centro de reclusión.

“El compromiso que hemos hecho es que el próximo 16 de junio el INPEC radicará, ante la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Planeación, todos los soportes técnicos y los estudios topográficos que dieron de este predio de casi tres hectáreas. Así podremos continuar con el proceso de desenglobe de ese predio del resto”, explicó la Alcaldesa Mayor, Claudia López.

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En ese sentido, indicó que una vez se haga la cesión del lote desenglobado para que el Distrito tome la posesión material de él, se procederá a contratar los estudios y diseños de la segunda cárcel Distrital, para que la próxima Administración Distrital disponga de los recursos para su construcción.

Esta determinación se deberá tomar en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013, la cual declara el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia; la T-762 de 2015, que reitera dicha declaratoria; y la SU-122 de 2022, que declara la extensión del estado de cosas inconstitucional a los Centros de Detención Transitoria, como lo son las URI y estaciones de policía.

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