Exministro de Bolsonaro no supo explicar un documento golpista que guardaba en su casa

Sobre ese día, garantizó que su despacho en la administración regional mantenía un “estricto protocolo de seguridad” que, en su opinión, “no fue respetado”, aunque no señaló responsables por eso.

Según Torres, el número de policías en torno a las sedes de los tres poderes no era el previsto para una situación de crisis. “Si el protocolo se hubiera respetado, los manifestantes no habrían llegado” a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema, aseguró.

Por los sucesos de enero, la Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.290 personas, que en su gran mayoría participaron directamente en la violenta intentona golpista.

Este lunes, la Procuraduría General pidió a la Corte Suprema aplicar la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados.

Sobre esas personas, la Procuraduría dijo haber comprobado tanto la “materialidad” como la “autoría” de cinco delitos: “asociación criminal armada”, “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “golpe de Estado”, “daño calificado y grave amenaza” y “deterioro de patrimonio público”.